Se cierra el círculo del «procés»

Como ayer adelantó LA RAZÓN, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye la causa por el intento de golpe de Estado perpetrado en Cataluña, ha ordenado a la Guardia Civil que lleve a cabo una investigación completa, basada en hechos objetivos y extendida a todos y cada uno de los dirigentes políticos y de las asociaciones civiles que participaron en la preparación del llamado «procés» y en las actividades y acciones destinadas a llevar a cabo la estrategia para la secesión catalana. A nadie se le oculta que el magistrado, lejos de buscar una causa general, trata de identificar uno a uno a los responsables del golpe y personalizar sus conductas, objetivándolas, con el fin de sustanciar, si así se desprende de la instrucción, la existencia del delito de rebelión, para el que se habrían concertado los que resulten acusados, con actuaciones que no descartaban acciones violentas, como las que se produjeron durante la intervención de una comisión judicial en la Consejería de Economía de la Generalitat o los graves actos de resistencia a la Fuerza Pública en la jornada del referéndum ilegal. La providencia del juez instructor ha coincidido con la revelación de que la Benemérita había hallado, y puesto a disposición del Juzgado número 13 de Barcelona, que investiga una parte de los hechos, una agenda Moleskine, propiedad de Josep María Jové, ex secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda del Gobierno autónomo catalán, en la que, de su puño y letra, se recogen no sólo las principales líneas estratégicas del «procés», que pretendían, en cita textual del ex consejero, «llevar al Estado al choque para forzar la intervención internacional en Cataluña, sino lo tratado en las reuniones –y los asistentes a las mismas– del llamado «comité estratégico» para la independencia, que se prolongaron durante más de dos años. La minuciosidad con la que el exconsejero Jové apunta nombres, fechas, intervenciones y planes de los conjurados supone una prueba de vital importancia para deslindar la responsabilidad de cada cual, pero, además, demuestra a las claras como los entonces miembros de la Generalitat de Cataluña y los responsables de otras organizaciones civiles estaban dispuestos a actuar, y así lo hicieron, por encima de cualquier escrúpulo legal o político. Sin duda, la agenda en cuestión será incorporada a la instrucción del Tribunal Supremo, cuya lógica intención es acumular toda la causa, con la consecuencia que cabe imaginar de nuevas imputaciones, entre las que se encontrarán las de Marta Rovira, actual candidata de ERC a la Generalitat, y la exportavoz parlamentaria de las CUP, Anna Gabriel, de las que ayer dimos cumplida noticia de que el magistrado había ordenado ampliar averiguaciones. No parecen, sin embargo, ser conscientes muchos de los que protagonizaron esta trama golpista de la gravedad de sus conductas y de los delitos a los que se enfrentan y las consecuencias penales de los delitos a los que se enfrentan. Así, no se entienden comportamientos como los de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que reitera públicamente su voluntad de forzar la secesión de Cataluña, o la del encarcelado ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien se queja de que su situación procesal condiciona sus posibilidades electorales, como si todo lo ocurrido no tuviera la menor importancia y dependiera de la simple voluntad política. Pero, poco a poco, las investigaciones de la Guardia Civil, bajo la dirección de jueces y magistrados, han ido cerrando el círculo de un «procés» que fue, por encima de cualquier consideración, el mayor ataque perpetrado contra la democracia española desde el 23-F.