Sin justicia no hay fin

Pocas veces el lenguaje ha sido tan mendaz como en el triste montaje de la entrega de las armas de la banda terrorista ETA. Basta con sustituir la expresión «sociedad civil» por «entorno proetarra» o «artesanos de la paz» por «militantes abertzales» para comprender que estamos ante una acción más de propaganda del independentismo vasco, empeñado en dar carta de naturaleza política a su derrotada tropa de asesinos. Como en otras ocasiones vergonzosas de la historia, siempre se encuentran algunos incautos de buena voluntad para dar la apariencia de armisticio a este tipo de enjuagues, pero, en lo ocurrido ayer en localidad francesa de Bayona, la inmensa mayoría de los protagonistas no pueden excusar ignorancia porque pertenecen o han pertenecido a organizaciones como «Abertzalean Batasuna», que durante décadas han proporcionado apoyo, respaldo ideológico y refugio a los pistoleros de la banda. Argüir que se trata de una labor de trabajo por la paz, como ha hecho el veterano activista Txetx Etechverry, personaje ligado al irredentismo marxista vascofrancés, es, simplemente, una mentira. Con todo, lo peor es la actitud componedora de algunos partidos políticos españoles, como el PSE y el PNV, que conocen perfectamente la estrategia y los métodos de la banda etarra, y a los que se les supone que guardan memoria viva del sufrimiento causado por el terrorismo. Debería bastarles que el inefable Arnaldo Otegi haya vuelto a poner sobre la mesa viejas consignas de la llamada «alternativa KAS», como la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado del País Vasco y el fin de la dispersión de los presos, para comprender que el mundo abertzale no ha renunciado a sus objetivos últimos y que si ETA ya no mata es, exclusivamente, porque ha sido derrotada por la democracia española y, sobre todo, por esas Fuerzas de Seguridad del Estado a las que se pretende expulsar de una parte de su propia nación. En realidad, nada fundamental ha cambiado en relación con ETA tras el espectáculo de Bayona y sus alrededores, por más que los proetarras hablen de «momento histórico» y traten de comparase con otros procesos de desarme que están a años luz de la realidad española. Ciertamente, la banda ha dado a conocer una serie de escondrijos de armas –ocho «zulos» excavados en los mismos pueblos del sur de Francia que tradicionalmente servían de refugio a sus pistoleros– en los que, según los colaboradores en esta operación de propaganda, estaban escondidas 120 armas de fuego, alrededor de 3.000 kilos de material explosivo, y varios centenares de dispositivos pirotécnicos y multiplicadores para hacerlos estallar, pero parece evidente que ni es todo el arsenal de ETA ni son todos los escondites de que disponía la banda. Por lo pronto, faltan por entregar 160 pistolas automáticas modernas de las 350 que robaron en Vauvert y que todavía no han sido recuperadas. También se sabe que los terroristas utilizaban domicilios particulares, garajes y talleres para ocultarse y ocultar sus armas. Es decir, que una vez más, la alegación de ETA de que son una banda «desarmada» no resiste el menor contraste con la verdad. Incluso sus propios compañeros de viaje, los llamados «verificadores» del proceso de desarme, han reconocido que no saben si ETA tiene más armas, al tiempo que se han negado a facilitar cualquier información que pueda servir para, textualmente, «alimentar las investigaciones policiales». Y, sin embargo, sólo una actuación que permitiera aclarar los casi trescientos crímenes cometidos por la banda etarra que aún están sin resolver podría justificar el concurso de un demócrata amante de la Justicia en tan ignominiosa farsa. No es el caso: a los «verificadores» no les mueve el interés por la paz, ni que las víctimas del terrorismo reciban la debida reparación. La intención primordial es blanquear la naturaleza criminal de ETA, reescribiendo la historia de su derrota a manos de la sociedad española para hacerla pasar por un conflicto entre actores políticos iguales. Pero de la misma manera que la democracia española consiguió al fin desenmascarar el discurso falsario de los terroristas y se comenzó a llamar a las cosas por su nombre, de la misma manera que las organizaciones que parasitaban el sistema de libertades y justificaban crímenes atroces fueron puestas fuera de la ley, el pueblo español conseguirá mantener viva la memoria de lo ocurrido y la comunión con el sufrimiento de las víctimas. Para ello, sólo hay que mantenerse firmes en la aplicación de la Justicia y en la defensa de las leyes que rigen nuestra convivencia. De ETA, propagandas a parte, sólo esperamos su disolución incondicional, la reparación del daño causado en lo posible y la colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer los crímenes pendientes. Nada, pues, ha cambiado. Si de las armas entregadas se obtienen pistas para detener a los asesinos que faltan habrá que felicitarse por ello. Cualquier otra cuestión que no sea aplicar la ley ni siquiera merece la pena plantearla.