Sin verificación judicial no hay desarme

El mundo proetarra, camuflado detrás de asociaciones que prostituyen principios tan dignos como la defensa de los derechos humanos o la búsqueda de la paz, se dispone a culminar una gran operación de propaganda con la supuesta entrega a las autoridades francesas de los arsenales de la banda terrorista. Con independencia del procedimiento que hayan ideado los etarras para evitar que la Justicia proceda a la detención de quienes sean hallados en posesión de armas y explosivos –como ocurrió con el anterior intento, el pasado 16 de diciembre, en el que fueron detenidos cinco militantes abertzales franceses–, la mera palabra de ETA no tiene el menor valor. Sólo con una verificación judicial, que, necesariamente, pasa por la presentación a las autoridades y su toma de declaración por parte de los responsables del armamento, es decir, de los terroristas que aún permanecen huidos de la Justicia, podría darse por cerrado el asunto del desarme. Lo demás, sólo sirve para blanquear a unos asesinos que se niegan a colaborar con la Justicia para esclarecer los más de doscientos crímenes cometidos por la banda etarra que siguen sin resolverse. Es, por otra parte, el único interés que puede despertar este espectáculo deleznable: que algunas de las armas que se entreguen conserven trazas balísticas de los casquillos hallados en el lugar del crimen.