Todos somos iguales ante la ley

El procesamiento e imputación de la Infanta Doña Cristina por parte del juez instructor del caso Nóos, Pedro Castro, habrá colmado, sin duda, los apetitos de escándalo de esa izquierda nostálgica que se envuelve a la menor ocasión en la bandera republicana y, también, de los medios de comunicación populistas, siempre atentos a explotar la demagogia, pero, desde luego, no ha hecho un buen servicio a la Justicia, que, por definición, debe ser igual para todos. De la primera sesión del macrojuicio que comenzó ayer en Palma de Mallorca, ya se pueden extraer dos conclusiones sobre la actuación procesal del magistrado instructor: la primera, que la Infanta Cristina se hallaba sentada en el banquillo de los acusados por ser quien es y no por la naturaleza de su participación en todo este asunto; y la segunda, que el instructor de la causa, en uso de su independencia de criterio, sesgó en demasía la investigación, a tenor del inusual diluvio de peticiones de informes periciales, nuevos testimonios y quejas planteadas ayer por algunas de las defensas. Pareciera que en el sesgo de la instrucción ha primado más la búsqueda de un efecto «ejemplarizante» de la Justicia, siempre estigmatizador, que la reparación del bien jurídico conculcado. De ahí que, pese a la impecable actuación de la Fiscalía Anticorrupción en uno de los casos más complejos y enrevesados de presunta malversación de dinero público que se recuerdan, el juez Castro se haya apoyado en la acusación popular ejercida por Manos Limpias cuando su criterio no coincidía con el del fiscal o con el la Abogacía del Estado. Un empecinamiento que, no es posible negarlo, ha provocado un efecto irreparable en una opinión pública que cada vez ve con mayor suspicacia la actuación de la Justicia española y su imparcialidad. De nuevo, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la representante de la Abogacía del Estado coincidieron con la defensa de Doña Cristina, en un hecho muy poco común en la reciente historia procesal española, para reclamar algo tan básico como el respeto a la igualdad ante la Ley y a la tutela judicial efectiva de la hermana de Su Majestad Felipe VI. Hizo aún más el representante fiscal al presentar un nuevo informe de la Agencia Tributaria en el que se reitera la inexistencia de un delito contra la Hacienda pública por parte de Doña Cristina, que refuerza la argumentación mantenida por Pedro Horrach a lo largo de todo este prolongado proceso. Todo hubiera sido innecesario –incluido el desagradable trance sufrido por la Infanta, a la que el juez Castro ya sometió a un interrogatorio totalmente desproporcionado– de haberse aplicado la Ley en su recto espíritu, muy alejado de las pretensiones inquisitoriales y justicieras de los muchos adalides de la mano dura que han surgido en España al calor de la grave crisis económica y que, en demasiadas ocasiones, se mueven impulsados por prejuicios ideológicos o intereses partidarios. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la doctrina del Tribunal Supremo, que fue revisada y consolidada por el Tribunal Constitucional, amparaban a la Infanta Doña Cristina y dictaban el debido sobreseimiento procesal de su caso como única respuesta judicial posible. Pero, una vez más, al tratarse de la Infanta, se rebuscó en los matices y los «tonos» de la Ley para mantener la acusación. Conviene, pues, quedarse con esta reflexión del fiscal: «No es sostenible, por razones de igualdad y seguridad jurídica, que en idénticas circunstancias un ciudadano no se siente en el banquillo y otro sí lo haga por una disputa sobre tonalidades». En definitiva, una doble vara de medir, injustificable en nuestro Estado de Derecho.