Un 155 para reconducir Cataluña

El artículo 155 entró en vigor el pasado 27 octubre y se levantó 218 días después, el 2 de junio, cuando el nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, tomó posesión del cargo, tal y como estaba previsto. Fue lo acordado en aquel momento por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Durante aquellos días, Cataluña vivió una situación inédita que siempre fue anunciada por el nacionalismo catalán poco menos que como un apocalipsis. No fue así. Era de tal nivel el incumplimiento de las leyes y la Constitución y la senda antidemocrática emprendida por los dirigentes independentistas que retomar el orden constitucional y el respeto a la legalidad supuso un verdadero bálsamo que recondujo una situación que iba directamente al enfrentamiento civil. Por otra parte, se ocupó de la nada desdeñable gestión de asuntos diarios que el Govern había abandonado: 2.000 plazas para docentes se abrieron a concurso, una prestación de 564 euros que recibirán las familias más pobres de Cataluña, o los 2.750 millones de euros destinados a pagar a proveedores. En primer lugar, el 155 no supone la merma de ningún derecho, ni la derogación del Estatuto, sino que sea directamente el Gobierno de España quien se haga cargo de la Generalitat intervenida y de otros órganos. Su aplicación frenó una deriva antidemocrática de preocupante sesgo autoritario. Sin embargo, una vez levantada la intervención de la autonomía, el independentismo ha vuelto a utilizar las instituciones catalanas con el mismo objetivo de desestabilizar al Estado, sólo que con la precaución de no saltarse las leyes cuyo incumplimiento le acarrearía la inhabilitación para cargo público u otras condenas mayores. Pablo Casado ha propuesto que el 155 vuelva a entrar en vigor dada la persistencia en la declaración unilateral de independencia y el llamamiento al enfrentamiento en el que persiste Torra (¿cómo entender su «encender pacíficamente» Cataluña?). Su propuesta incluye, además del cese del presidente de la Generalitat, su gobierno y la intervención de toda la administración catalana –incluido los Mossos d’Esquadra–, la gestión de la Educación y TV3. En ese último caso, se trata de una herramienta que se ha utilizado al servicio del nacionalismo con un mensaje que en nada ha ayudado a la convivencia. Esa es una lección aprendida del primer 155: el independentismo ha roto cualquier vínculo de lealtad con el Estado. Y hay otras lecciones a tener en cuenta: de haberse aplicado con más tiempo, es decir, sin esperar a la declaración unilateral del 27 de octubre, se hubiese tenido el control de la policía autonómica, que hubiera actuado en estricto cumplimento de la legalidad en la jornada del referéndum del 1-0 y se hubiese evitado que los medios comunicación públicos actuasen como un aparato propagandístico llamando a una votación abiertamente ilegal. La aplicación del 155 debe entenderse como herramienta constitucional para frenar procesos de abierta ilegalidad antes de cometerse, a sabiendas de que la Generalitat persiste en el delito. Hasta muchos independentistas se lamentan de que de haberse puesto en marcha antes, no habría habido aquellas vergonzosas sesiones de los día 6 y 7 de septiembre, no hubiese habido declaración de independencia y hoy no habría dirigentes procesados por rebelión y sedición. No debería echarse en saco roto la propuesta de Casado, planteada desde la mayoría de la que dispone el PP en el Senado para autorizar al Gobierno a utilizarla, que podría nombrar un Ejecutivo en Cataluña en funciones, de amplia representación, capaz de participar en una reforma territorial realista y dentro de la Constitución.