Un programa para toda España

El programa electoral del Partido Popular, que ayer presentó Pablo Casado en Barcelona, tiene, cuando menos, la virtud de que afronta sin medias tintas los dos problemas más graves que afectan a la sociedad española: el proceso separatista catalán y la deslegitimación desde la izquierda radical y los nacionalismos del sistema democrático surgido de la Transición. Y aunque, en puridad, no se pueda hablar de una ruptura con los principios ideológicos que ha venido sosteniendo el partido desde su fundación, lo cierto es que la nueva dirección popular, que se enfrenta a unos contextos políticos y sociales muy diferentes a los que tuvo que gestionar su anterior presidente, Mariano Rajoy, ha acentuado, por una parte, su vocación liberal y, por otra, la reafirmación constitucionalista y de defensa de la Nación de su ideario. En este sentido, muchas de las propuestas que figuran en el programa serán, sin duda, recibidas por los partidos de la izquierda con la sobreactuada indignación a que nos tiene acostumbrados, pero si los ciudadanos eliminan el previsible ruido ambiental de la demagogia, convendrán que nos hallamos ante unas medidas que no son sólo democráticamente impecables, sino que se han convertido en imprescindibles para la protección de nuestro ordenamiento constiticional, la convivencia entre todos los españoles y la preservación de los derechos individuales. No referimos a cuestiones tan sencillas y fáciles de entender como la prescripción de una fórmula reglada e insoslayable del acatamiento a la Constitución y a las leyes por parte de quienes pretenden desempañar un cargo de público, o la regulación de la digna representación de los símbolos nacionales. Otras, como la reglamentación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, la armonización de los curricula escolares para toda España, la supresión de la obligatoriedad de conocer una lengua autonómica para acceder a un puesto de funcionario público o la eliminación de las barreras comerciales internas tienen la evidente pretensión de corregir los excesos del autonomismo, que no son exclusivos de las llamadas «comunidades históricas», como la mejor defensa de nuestro actual Estado de las autonomías, puesto en cuestión tanto desde la extrema derecha unitarista como desde los populismos centrifugadores. Otras propuestas del programa popular –como la elevación de la responsabilidad penal en los casos de ocupación ilegal de una vivienda–responden inequívocamente a la defensa de los derechos individuales, como el de la propiedad privada, que sufren el acoso de una izquierda radical que, bajo la falsa bandera de los derechos sociales, pretende imponer los mismos viejos modelos de la economía socialista centralizada que nunca resolvieron nada. Respecto a los capítulos económicos y fiscales, el Partido Popular mantiene la mismas fórmulas y estrategias de los partidos liberal conservadores europeos que, está comprobado, favorecen la creación de empleo y, por lo tanto, incrementan los ingresos impositivos. Esa es, a la postre, la mejor de las políticas sociales porque sólo desde una economía fuerte, con un tejido empresarial vigoroso, se pueden atender las obligaciones del Estado de bienestar. En resumen, estamos ante un programa que, fundamentalmente, propone una vuelta a la estabilidad social y política, donde la oleada de demagogia y radicalidad que nos vino a caballo de la crisis económica vuelva a la marginalidad. Se afirma desde algunos sectores es un programa de rescate. Tal vez, pero, desde luego, es un programa posible.