Una reforma valiente

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo ayer, en la sede de LA RAZÓN, un más que notable ejercicio retórico sobre las disfunciones que afectan al Poder Judicial y a la Administración de Justicia que hubiera podido llevarnos a la melancolía de no ser porque, junto a la descripción casi forense de los viejos males conocidos, planteó unas soluciones sensatas, factibles y alejadas de condicionamientos ideológicos. Una reforma muy ambiciosa –porque ambición es proponerse corregir unas situaciones instaladas en el correr de los siglos– que de llevarse a cabo significará nada menos que responder a las intenciones que inspiraron a los redactores de nuestra Constitución. Por ello, sin duda consciente de las reticencias y resistencias que tal tarea va a encontrar, Alberto Ruiz-Gallardón recordó al auditorio, en su mayor parte concernido profesionalmente por las reformas anunciadas, que el Gobierno al que pertenece no ha sido elegido sólo para gestionar una crisis, por muy grave que ésta sea, sino para liderar la transformación política que necesita España. Transformación que, en efecto, se percibe imperiosa en el ámbito de una Administración que tramita al año tres millones más de asuntos judiciales que Francia, aunque nuestro país tenga veinte millones de habitantes menos. Un exceso de litigiosidad que, con la lentitud e ineficiencia asociadas, dilata los procesos hasta invalidar, en ocasiones, el principio constitucional de la tutela judicial efectiva al que todos los ciudadanos tienen derecho. El ministro hizo hincapié en los efectos perversos que tiene la dilación en los procedimientos. Tal vez, el menor de estos efectos indeseables sean los veinte mil millones de euros que están pendientes de una resolución judicial, sobre los que el Estado mantiene una reclamación, que permanecen en el limbo durante años, fuera del sistema económico. Más grave, moralmente, es que sea más rentable incumplir la Ley, prolongando los procedimientos a costa de los impuestos de todos, que acatar las decisiones judiciales. Esta situación, que a nadie se le escapa, precisa de una reforma integral que pueda abordar desde la estructura de dispersión territorial, heredera del mundo predominantemente rural del siglo XIX, hasta la transformación del actual sistema de investigación, de carácter inquisitivo, en otro en el que primen el principio acusatorio y la igualdad de armas entre la acusación y la defensa. Sabe el ministro que no le será fácil poder llevar a cabo su proyecto reformador, pero cuando menos, cuenta con una fortaleza: un cuerpo de funcionarios muy profesionales, desde los magistrados hasta los secretarios de Juzgado, en el que corruptelas y arbitrismos siempre han sido la excepción.