Unas cuentas con los pies en el suelo

Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la política deja de ser una lista de buenos propósitos para hacerse realidad. Es el documento público donde la ideología –si es que la hubiese– se hace verdad. La buena gestión consiste en la administración de los gastos e ingresos del sector público en beneficio del común de la ciudadanía. Cumplir lo presupuestado es la primera norma, pero más importante es todavía que las cuentas sean realistas y se correspondan con la situación económica. De este principio parte el Gobierno para la elaboración de los presupuestos de 2017, que prevé un crecimiento medio de la economía española del 2,5% para este año y que la tasa de paro se reducirá al 16,6% al término del ejercicio. Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, la mejora del mercado laboral continuará a buen ritmo y se crearán 506.000 nuevos empleos, lo que supone que la cifra de ocupados alcanzará los 19 millones, lo que nos sitúa a un millón de afiliados para alcanzar el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020, que es el nivel previo a la crisis. Las previsiones del paro del Gobierno son del 16,6% (en enero era de 18,2%). Un dato que permite poder hablar de unos presupuestos sociales y destinados a «la clase media y modernizar España» es que no se sostendrá sobre el aumento de la deuda pública, sino en la recaudación fiscal, que superará la del año anterior. En concreto, los ingresos superarán los 200.000 euros, un 7,8% más que en 2016 y, de cumplirse, se situaría a niveles de 2007. Sin embargo, no habrá subida de impuestos, la otra fórmula empleada para aumentar el gasto, ni el IRPF ni el IVA –en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y del FMI– y, en el caso de esta última tasa, incluso bajaría en espectáculos teatrales, danza y tauromaquia del 21% al 10%. Sobre esta base recaudatoria y de crecimiento económico se han planteado unas cuentas que destinarán 4.100 millones de euros a gasto social. En este capítulo se incluyen las ayudas a los parados de larga duración, apoyo a las pymes, I+D+i, complemento salarial para trabajadores jóvenes, tarifa plana para autónomos, pobreza infantil o lucha contra la violencia de género. Aquí también se incluye la creación de empleo público, tal y como se ha pactado con los sindicatos, lo que permitirá sacar a concurso 67.000 plazas para 2017. Anunciar gastos que no se pueden pagar es una mala política, aunque muy vistosa. En este ejercicio es posible hacerlo y, además, queda reflejado en el techo de gasto de 118.337 millones de euros, unos 5.000 millones menos que el de 2016. Los presupuestos tenían que haberse aprobado en verano, pero al estar el Gobierno en funciones fue imposible sacarlos adelante al no contar con apoyos suficientes para la investidura del presidente y, por lo tanto, para las propias cuentas. Tras la aprobación ayer del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, el calendario prevé que el martes se registrará en el Congreso de los Diputados y que, un mes más tarde, el Gobierno, a través de los ministros, exponga las diferentes partidas. El próximo 25 de mayo es la fecha marcada para su aprobación. El Gobierno ha hecho un buen ejercicio de acuerdos con las fuerzas políticas, como es obligado dada su situación de minoría parlamentaria, lo que le permitirá contar con los votos a favor de Ciudadanos (32), PNV (5) y Coalición Canaria (1), lo que supondría el empate entre favorables y contrarios a los presupuestos, y permitirá que no salga adelante la enmienda a la totalidad patrocinada por socialistas, Podemos e independentistas catalanes, a la espera de que se sume el diputado de Nueva Canarias, formación aliada con el PSOE, lo que quiere decir alcanzar la mayoría absoluta.