De las 16,18 millones de horas de trabajo perdidas por huelgas en el primer semestre del año, casi 14 millones se perdieron en el sector público, según el último informe sobre conflictividad laboral publicado por la CEOE. Tal desproporción se explica, sin duda, por la mayor protección sindical y estatutaria de los empleados del sector público, que es una de las disfunciones más acusadas del mercado laboral español. Pero no parece razonable que las administraciones públicas sufran tales niveles de conflictividad.