Tras las elecciones vascas

El pescado está todo vendido y el dilema de la gobernación del País Vasco parece ya anticipado. Si los estudios electorales no fallan, tras las elecciones de mañana ese dilema se planteará entre Bildu y el PNV, en tanto que fuerzas políticas dominantes. Si la primera no adelanta a la segunda, la reedición de la hegemonía jeltzale parece asegurada; pero si no es así, la cosa se complica. Y no porque Bildu encarne el mal absoluto o, en palabras de Pradales, «el abismo a lo desconocido», mientras el PNV se auto atribuye «las llaves del bienestar» –como si esto fuera la materialización del bien–. No, no es así, principalmente porque ambos partidos se nutren de la misma matriz ideológica –o sea, del aranismo–, uno volcado hacia la izquierda y el otro hacia la derecha; uno propugnando planes colectivistas –seguramente irrealizables porque los amos del dinero están en unas Diputaciones Forales que no controlan– y el otro presumiendo de una capacidad gestora que ha sido arrumbada durante la última legislatura porque sus obsesiones nacionalistas –que son las mismas que las de Bildu– han acabado dañando a los servicios públicos.

Se complica porque, debido a la singularidad del sistema vascongado de investidura, bien podría el PNV disputarle la lehendakaritza al Bildu mayoritario si agrega a sus diputados los de otro de los partidos segundones. ¿Será el PSOE, como hasta ahora, o será el PP? No lo sabemos; y ello nos lleva a la especulación. Desde mi punto de vista, es probable que el PSOE no apoye a ninguno. Cumpliría así su promesa de no darles el poder a los de Bildu y, además, podría sostenerse en el difícil equilibrio que mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa. En cuanto al PP, parece que, abandonada la teoría del mal menor, no cederá gratis sus votos al PNV. Pero, de momento, sus dirigentes no se plantean exigencias ambiciosas como son las que afectan a asuntos cruciales para los que podría abrirse una ventana de oportunidad que forzara a los jeltzales a corregir su deriva identitaria en todo lo que afecta a la libertad lingüística, al tratamiento penal de los presos etarras o a los planes de la futura reforma estatutaria.