Embarrando la vida pública

Ahora resulta que la señora ministra es vidente. Ve lo que está publicando la Prensa antes de haberse publicado. «Disse la Prensa», afirmó nuestra entrañable MJ, «que Ayuso bla-bla-bla», pero resulta que la Prensa no había dicho nada sobre lo que su señoría estaba comentando. Cuatro horas después, sí. Ergo, o Montero tiene propiedades extracorporales y sabe lo que han publicado los periódicos aun sin haber sido publicado, o es que a su señoría se le escapó el dialecto pensando que lo que ella o sus muchachos habían filtrado a los medios era ya de dominio público cuando no lo era. El asunto es grave porque se trata de información confidencial sobre la fiscalidad de un ciudadano, y la obligación de la Agencia Tributaria, que la vicepresidenta comanda, es la de velar por la protección de esos datos. Si no se blindan debidamente o se tiene la sospecha de que Montero tuvo acceso privilegiado e indebido a una declaración de IRPF, estamos ante una causa de delito mayor, de dimensiones penales. Afirma Ignacio Ruiz Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria, que éste es el más grave escándalo jamás vivido en el seno de este organismo. Escándalo por la filtración, pero sobre todo porque estaríamos ante una situación inédita, protagonizada por toda una ministra de Hacienda, haciendo uso de información protegida por la Ley General Tributaria para un fin partidista contra un adversario. O sea, para embarrar la vida pública y de paso la democracia, pues tales comportamientos son propios de regímenes fascistas o venezolanos, pero nunca de un sistema de división de poderes.

Por desgracia es el barro el sustrato habitual de la política española de un tiempo a esta parte. Barro en Hacienda y la Agencia Tributaria, pero también en la Fiscalía, que filtró correos electrónicos de un abogado como si de algo legal se tratara. Si las instituciones aún son libres y funcionan en España, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria deberían responder en los Tribunales por semejante vulneración de derechos. Pero en este país ya empezamos a dudar de que eso pueda ocurrir. La podredumbre institucional avanza en la medida en que retrocede el estado de libertades. El terror tributario es de los peores instrumentos que un Gobierno puede ejercer contra los ciudadanos. Si se ha defraudado a Hacienda hay que pagar por ello, pero en ningún caso se puede utilizar información fiscal para atacar al enemigo, sobre todo si esa causa se encuentra en los prolegómenos de la investigación.

Menos aún si lo que se pretende es tapar el caso Koldábalos y sus ramificaciones dominicanas, que merodean los aledaños de la Moncloa con peligro evidente. Alguien debería obligar a Sánchez a detallar el motivo, y los protagonistas, de los 30 vuelos a Dominicana pendientes de aclarar en el portal de Transparencia. Y de paso los realizados a Marruecos y Venezuela. Delcy y sus 40 maletas dan para pensar. Tanto como la bola bolaña de la comisión de Venecia. Las mentiras tienen las patas cortas y MJM debe aclarar por qué está haciendo un uso partidario de la Agencia Tributaria, y de paso por qué no dio en su día la orden de reclamar la devolución a las arcas públicas de los 679 millones de los ERE fraudulentos de Andalucía.