Ni por los españoles ni con la Constitución

Pedro Sánchez ha aprovechado la confortable tribuna de un comité federal del PSOE plagado de fieles para proclamar por primera vez su decisión de imponer una amnistía para los encausados en el golpe contra el orden constitucional en Cataluña. Era un secreto a voces que se ha negociado con los separatistas en los cenáculos secretos y que se ha ocultado mientras ha convenido. Lo que supone la medida de gracia es borrar el pasado penal de los políticos separatistas implicados y reconocer con ello que el Estado de Derecho, la Justicia e incluso la Corona se equivocaron en la denuncia y la persecución de unos actos que conforme al criterio presente del inquilino de La Moncloa no eran constitutivos de delito y mucho menos de prisión. Los culpables de entonces han tornado en víctimas en este peripecia envilecida. Sánchez ha defendido con vehemencia la iniciativa "en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles". Ha enfatizado que este "abrazo" con el prófugo Carles Puigdemont, el mismo que prometió traer a España para que rindiera cuentas ante los tribunales por rebelión, supone una medida para avanzar en el "reencuentro" y lograr la investidura. "Hay que hacer de la necesidad virtud. Es la única vía posible para que haya Gobierno en España y no haya repetición electoral". Ha hablado de "cerrar heridas", "normalización política", "dejar atrás querellas inútiles y estériles", "un conflicto del que nadie puede estar orgulloso" y que, por supuesto, todo "será plenamente constitucional". Es complicado encontrar la intervención de un presidente del Gobierno de cualquier signo político en estas décadas de democracia menos respetuosa con la honestidad y la dignidad que requiere tan alta magistratura. Ha escrito una muy triste y siniestra página que demuestra hasta qué punto tiene interiorizado que no hay más futuro para el país, y por supuesto para su partido, que su continuidad a cualquier precio en el poder. Nunca ha quedado tan de manifiesto que el fin, el suyo, lo justifica todo. Ese "hacer de la necesidad virtud" es la reflexión terrible y espeluznante de un dignatario que en realidad cree y así lo proclama que la democracia empieza y termina en su persona. No ha desgranado un solo argumento jurídico ni moral que pudiera sostener su dolosa conducta en favor de un indulto colectivo para el que no cuenta con la legitimidad popular y menos con la cobertura de la legalidad constitucional ni de la moral. Gobernar de espaldas a la gente, con engaños y fraudes, merece un buen repertorio de calificativos y ninguno tiene que ver con la honradez y la integridad. Contra la Constitución y en complicidad con sus enemigos, con aquellos que como Puigdemont proclaman que lo volverán a hacer, ni se defiende España ni a los españoles ni a la convivencia y menos a la concordia. La democracia languidece en medio de una pulsión autocrática que estrecha nuestros derechos sin que nada ni nadie la frene.