La excepción ibérica

Bruselas ha aceptado prorrogar la excepción ibérica hasta finales de este año. Desde el Gobierno español se felicitan porque, según nos aseguran, la medida ha conseguido abaratar la factura eléctrica de las familias. No nos explican, sin embargo, por qué si la excepción ibérica es tan positiva, y tiene tan pocas contraindicaciones, se hace necesario un permiso de la Comisión Europea para prorrogar transitoriamente su aplicación.

Ocurre, claro, que el famoso tope del gas no es tan inocuo como se nos asegura: a corto plazo puede que no genere muchas distorsiones en el mercado eléctrico, pero a medio-largo plazo anula la señal de los precios como elemento de racionalidad en la asignación del capital. Es decir, que sin precios determinados libremente en el mercado, no puede existir propiamente mercado eléctrico, sino tan sólo un sistema de generación y transmisión de electricidad dirigido y controlado por el Gobierno. Pero ése es justamente el modelo hacia el que vamos: en su propuesta a Bruselas para reformar a largo plazo el sistema eléctrico comunitario, el Ejecutivo español aboga por abrogar (u orillar absolutamente) el mercado eléctrico marginalista para reemplazarlo por fijar los precios a largo plazo mediante subastas organizadas centralizadamente por el Estado.

Más en concreto, el Estado seguirá realizando subastas para adquirir electricidad a largo plazo a un precio estable y fijado de antemano, en lugar de someter el coste de la energía a las fluctuaciones diarias que acaezcan en el mercado mayorista. En sí misma, la idea de un contrato de suministro a largo plazo no tiene por qué ser negativa: las comercializadoras privadas ya recurren a este tipo de contratos (son los llamados PPAs), los cuales sirven para aportar previsibilidad sobre los precios futuros tanto al productor como al comercializador.

El problema reside en volver obligatorio este modelo (que todas las centrales renovables, por ejemplo, deban someterse a él) y en socializar las posibles pérdidas (pactar hoy precios a largo plazo más elevados que los que prevalecerán en el mercado mayorista) entre todos los consumidores eléctricos. El camino debería ser más bien el opuesto: incrementar la libertad y la competencia dentro del mercado eléctrico para que consumidores, productores e intermediarios puedan llegar a los acuerdos contractuales que consideren más ajustados a sus necesidades, de manera que cada una de las partes de tales contratos sean las que internalicen tanto los beneficios derivados de acertar cuanto las pérdidas derivadas de equivocarse. Sólo así lograremos que el resto de agentes económicos copien lo que funciona y desechen lo que no. Descentralizar en lugar de centralizar; privatizar en lugar de socializar; liberalizar en lugar de controlar.