Fecha negra para nuestra democracia

Hoy se celebra en sesión Plenaria en el Congreso de los Diputados el debate sobre la proposición de ley de amnistía. Por tanto, el texto que se apruebe hoy será –salvo sorpresas imprevisibles– el que, sin perjuicio de su tramitación en el Senado, verá la luz en el BOE en primavera.

Si algo se puede asegurar ya, es que esta ley va a estar señalada en nuestra Historia contemporánea como la que provocó la mayor crisis constitucional de nuestro sistema político desde su comienzo en 1978. Porque si Conde Pumpido la «constitucionaliza», cualquier Gobierno podrá amnistiar en el futuro a quien desee y por los motivos que le convenga.

Amnistiar –y hacerlo además sin arrepentimiento alguno– a quienes perpetraron un auténtico golpe de Estado encabezado por quien era su representante ordinario en Cataluña, con el único fin de conseguir sus votos para primero ser investido presidente del Gobierno y ahora seguir en el poder, es una expresión demoledora de auténtica corrupción política.

Por tanto, hay que tomar conciencia de la extrema gravedad que significa amnistiar a separatistas catalanes; unos, huidos de la Justicia como el prófugo de Waterloo y sus acompañantes, y otros ya juzgados y condenados por el Tribunal Supremo e indultados con anterioridad sin mediar arrepentimiento alguno por su parte, sino todo lo contrario. A los que debe añadirse un gran número de imputados por terrorismo, por las relaciones que les vinculan con el «Tsunami democratic» encabezados por el mismo Puigdemont y estrechos colaboradores suyos. Así como con el entorno de Putin –caso Vohlov–, generando un conflicto sin precedentes entre el poder judicial y los otros dos poderes, controlados estos dos últimos por Sánchez.

A la actuación del juez instructor del caso Tsunami en la Audiencia Nacional, considerando como terrorismo lo sucedido tras el fallo del TS en 2019, se añade ahora la prórroga por seis meses de la instrucción por parte del Juez Aguirre, titular del Juzgado número 1 de Barcelona, sobre el denominado «caso Vohlov», en el que el juez advierte relaciones entre Puigdemont y dos estrechos colaboradores suyos con el entorno de Putin en fechas muy significativas del procés antes y durante octubre de 2017. En las pruebas practicadas, presuntamente se trataría de garantizar apoyo militar y reconocimiento político ruso a una eventual Cataluña independizada de España. Se vislumbra la sombra de los mercenarios de Wagner nada menos que tras el anuncio de 10.000 efectivos prometidos por los rusos afectos al Kremlin. Parecería un guion de política ficción si no fuera algo al parecer muy contrastado en el sumario.