La Fundación Nacional Francisco Franco y el peligro de una democracia totalitaria

Mientras el Gobierno socialcomunista que nos gobierna se ahoga en un maremagnum de corrupción y sectarismo, la vieja táctica de desviar la opinión pública hacia otros asuntos como la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco abre un debate inquietante: ¿puede una democracia consolidada, como la española, tolerar la existencia de una fundación que defiende una visión positiva del franquismo? O, dicho de otro modo, ¿puede el Estado de Derecho convertirse en un aparato que excluye legalmente a quienes sostienen interpretaciones históricas no oficiales, por incómodas o impopulares que sean?

La respuesta, si queremos seguir siendo una democracia liberal y pluralista, solo puede ser una: sí, debe tolerarlo. Y no solo por convicción política o por respeto a la libertad ideológica, sino por obligación constitucional y por cumplimiento de los tratados internacionales que España ha ratificado. La libertad ideológica no es selectiva.

La Constitución Española de 1978 reconoce, en su artículo 16, la libertad ideológica de individuos y comunidades. A su vez, el artículo 20 garantiza el derecho a expresar libremente pensamientos e ideas. Estos derechos no son selectivos. Protegen tanto a quienes defienden la república como a quienes sienten admiración por la monarquía; a quienes condenan el franquismo como a quienes reivindican aspectos positivos de aquella etapa histórica. No existe, ni debe existir, una «verdad oficial» impuesta por ley. Como ha recordado el propio Tribunal Constitucional, el pluralismo ideológico es piedra angular del sistema democrático. Defender la figura de Franco, sin incitar al odio ni a la violencia, parece no gustarle a este Gobierno pero jurídicamente forma parte del terreno de lo tolerado.

Y además, Europa lo ampara: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias vinculan a España, ha reiterado que la libertad de expresión incluye el derecho a sostener ideas que «ofenden, escandalizan o molestan» (caso Handyside c. Reino Unido, 1976). Es más, en múltiples resoluciones ha establecido que la disolución de asociaciones ideológicas solo puede justificarse si estas promueven activamente la violencia o incitan al odio contra grupos concretos. La Fundación Francisco Franco, guste o no, no ha sido condenada nunca por nada de eso. Es una entidad legalmente registrada, cuyas actividades –exposiciones, publicaciones, gestión de archivos– no vulneran los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Podrán ser criticadas, cuestionadas o impugnadas por algunos desde el plano político, pero no pueden ser objeto de censura institucional.

¿Una fundación «ilegal» por recordar a un jefe del Estado? Conviene recordar que Francisco Franco fue jefe del Estado español durante casi cuatro décadas. No se trata de un personaje marginal, sino de una figura central en la historia del siglo XX español. Que exista una fundación que investiga, preserva o incluso justifica su legado no es, en sí mismo, delictivo. De hecho, en países democráticos como Francia, Reino Unido o EE.UU., existen fundaciones dedicadas a figuras históricas profundamente controvertidas, sin que eso genere escándalo jurídico alguno. La Ley de Fundaciones exige que estas persigan fines de interés general. ¿Puede considerarse «interés general» el estudio de una figura histórica clave, aunque su legado divida a la sociedad? Sin duda. Más aún cuando esa visión no es impuesta, sino ofrecida como una perspectiva entre otras.

La Ley de Memoria Democrática inconstitucional a todas luces por cercenar derechos fundamentales de las personas no puede ser un arma de exclusión. Es cierto que la nueva Ley de Memoria Democrática ha abierto la puerta a sanciones contra entidades que hagan «apología del franquismo». Sin embargo, debe interpretarse conforme a los límites que impone la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si no hay incitación a la violencia ni menosprecio a las víctimas, no puede aplicarse esa norma como una herramienta de persecución ideológica. Convertir una ley de memoria en un mecanismo de censura sería no solo una traición al espíritu de la reconciliación nacional que hizo posible la Transición, sino también un retroceso en las garantías básicas del Estado de Derecho y un precedente peligroso.

Hoy es la Fundación Franco. Mañana, ¿quién? ¿Una fundación carlista? ¿Una asociación de veteranos de la División Azul? ¿Un colectivo de historiadores revisionistas? La deriva hacia la ilegalización de entidades por razones ideológicas crea un precedente extremadamente peligroso. En una sociedad libre, la respuesta a las ideas que no nos gustan no debe ser la prohibición, sino el debate. Quienes hoy reclaman la censura de una fundación legal deberían preguntarse si aceptarían que se censurase a una fundación que enaltezca la figura de Largo Caballero, de Stalin o de cualquier otro personaje histórico cuya trayectoria haya causado sufrimiento a millones.

Conclusión: tolerancia democrática frente a la tentación autoritaria.

Ilegalizar a quienes piensan distinto es propio de los regímenes totalitarios. En democracia, se combate con argumentos, no con decretos de exclusión. La Fundación Francisco Franco tiene derecho a existir, no porque su discurso deba ser compartido, sino porque el pluralismo no se basa en permitir solo las ideas correctas, sino también las incómodas. Si queremos honrar verdaderamente los principios de 1978, debemos defender el derecho a disentir, incluso cuando lo que se defiende nos resulte profundamente antagónico. Esa es la esencia de la libertad. Esa es la esencia de la democracia.

En definitiva, aquí lo que se dilucida es la LIBERTAD, en mayúsculas.

Juan Chicharro Ortegaes General de División de Infantería de Marina (r).