En octubre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 3,1 por ciento, es decir, la subida más alta desde julio de 2024. Parte de este repunte inflacionario se atribuye al incremento de la factura eléctrica, fenómeno directamente relacionado con las medidas de seguridad tomadas por Red Eléctrica tras el apagón de abril pasado, ejemplo palmario de que los errores en política, es este caso de la planificación equivocada del Ministerio para la Transición Ecológica, no son inocuos y acaban instalándose en el bolsillo de los consumidores. Por supuesto, la percepción de un estado de cosas en el que los precios no dejan de subir, especialmente, los de la alimentación, mientras los salarios se mantienen estancados o se reducen por las nuevas condiciones de precariedad del mercado laboral, no es la misma según se trata del ciudadano medio o del Gobierno central, cuyos ingresos fiscales no dejan de crecer empujados por la inflación, en lo que, tradicionalmente, se ha considerado el impuesto más injusto de todos, porque afecta por igual a todos los actos de consumo, incluidos los de la cesta básica de la compra. Tal vez por ello, un Ejecutivo que tiene a gala haber incrementado la recaudación fiscal hasta niveles históricos, sin que los servicios públicos hayan experimentado igual mejoría, carece de la voluntad o de la sensibilidad para llevar a cabo los ajustes impositivos necesarios para aliviar el esfuerzo de unos consumidores que, lejos de disfrutar de los «éxitos» macroeconómicos que tanto ventean los servicios de propaganda gubernamental, ven como el dinero sirve para menos en los supermercados. Por no hablar de otras subidas de precios sensibles socialmente, como los alquileres, que con el nuevo índice del INE podrán revalorizarse en un 2,5 por ciento, es decir, el mayor de lo que va de año. No es cuestión de hablar ahora de lo erróneo de unas políticas de vivienda populistas y fracasadas allí donde la izquierda las ha puesto en marcha, porque un solo dato sirve para poner de relieve las dificultades que atraviesan las economías domésticas tras siete años de gobierno de Pedro Sánchez. Nos referimos al salario medio español que ya está 6.000 euros por debajo del de la Unión Europea, con un proceso inflacionario, hay que insistir en ello, más intenso que el sufrido por la mayoría de nuestros socios. Podrían llevarse a cabo políticas bien probadas para aliviar el daño inflacionario, como, por ejemplo, la reducción de costes burocráticos de los procesos de producción y la menor presión fiscal sobre la materias primas agropecuarias, pero la realidad tozuda es que el sanchismo está en la línea de seguir apretando las clavijas al tejido empresarial, al tiempo que se saca de la manga nuevas figuras impositivas al calor de la supuesta lucha contra el calentamiento global, que, a la postre, no hacen más que encarecer el producto final que llega a los consumidores. Pero mientras ingrese Hacienda a manos llenas, todo va bien.