Definitivamente, en materia de inmigración ilegal, los partidos españoles caminan por una senda de lo políticamente correcto muy distinta a la que transitan sus votantes. Casi podría afirmarse que una preocupada ciudadanía percibe de manera mucho más nítida que sus representantes públicos el parpadeo de la luz roja de alarma, realidad en la que Vox resulta la excepción para mayor regocijo de sus expectativas electorales. Claro está que siempre hay excepciones; Isabel Díaz Ayuso pasa por ser la única dirigente política no perteneciente a Vox que, sin la más mínima sombra de complejos, defiende la devolución a sus países de origen de inmigrantes que han llegado a nuestro país, no para ganarse la vida trabajando, sino directamente para delinquir. Tan solo hace unos días no dudaba en anunciar que le pedirá al Gobierno central la inmediata devolución a Marruecos del joven inmigrante llegado a España de forma ilegal, acusado de ser el presunto violador de una joven de catorce años en la Comunidad de Madrid. No diré que sea esta la principal razón, pero resulta un hecho contrastado que la presencia e influencia de Vox en la comunidad presidida por Díaz Ayuso es bastante menor de lo que desearía Santiago Abascal.

Con un asunto de tamaña gravedad, comienza a entenderse por qué la dejación de unos supone el crecimiento de otros y todo apunta a que la llamada extrema derecha seguirá creciendo sencillamente porque, en cuestiones como la inmigración ilegal e indiscriminada, propone (demagogias aparte) lo que ciudadanos preocupados e inquietos quieren oír, no a uno, sino a todos.

La demoscopia es tozuda a la hora de reflejar ese divorcio entre dirigentes políticos y electores y hasta el CIS de Tezanos viene a coincidir con otros sondeos de contrastada credibilidad. No solo un aplastante porcentaje de votantes de todos los partidos pide cambios legales para expulsar a inmigrantes que cometan delitos graves, caso del ocurrido recientemente con la violación de una menor en la comunidad de Madrid, sino que el problema ya se ve mayoritariamente como una cuestión de Estado; los propios electores del PSOE, sin ir más lejos, son especialmente críticos con la manga ancha frente a un problema que ya no es coyuntural. Y todavía los «correctos» con la palabra «racista» en la boca siguen sin preguntar al ciudadano de a pie, mirándole a la cara… no vaya a ser que les responda justo lo que piensa.