Inseguridad jurídica

Uno de los motivos que adujo Ferrovial para marcharse de España es que en nuestro país no existe seguridad jurídica o que, en todo caso, hay menos seguridad jurídica que en otras jurisdicciones como la neerlandesa. Al Gobierno no le gustó que una gran empresa nacional trasladara ese mensaje en los foros internacionales –aunque menos debería gustarle que ese mensaje sea cierto o, al menos, que otras compañías tengan esa misma percepción– y puso el grito en el cielo: a través de uno de los principales diarios de tirada nacional, El País, dejó saber a la compañía que «no vamos a tolerar que pongáis en cuestión la seguridad jurídica en España». Acaso por ello, Ferrovial terminó reculando a los pocos días aclarando que nunca había cuestionado la seguridad jurídica de España. Pero ha sido ese mismo Gobierno el que ha demostrado más claramente por qué no existe seguridad jurídica en nuestro país más allá de un eslogan propagandístico para ocultar la arbitrariedad del Ejecutivo. Así, esta misma semana, el secretario de estado de Economía le ha remitido una carta al consejero delegado de Ferrovial en la que «cuestiona la motivación económica del proyecto de fusión» y le advierte de los «posibles riesgos o contingencias» de la operación. ¿A qué se refiere el Gobierno con esta expresión? Lo aclararon posteriormente a Europa Press: «El Gobierno avisa a Ferrovial que perderá ventajas fiscales si Hacienda no halla motivo a su traslado». Dado que el traslado de sede social de Ferrovial se estructura como una fusión entre la matriz española y su filial neerlandesa, los activos de la matriz española podrían realizar sobre el papel enormes plusvalías latentes susceptibles de tributar en el Impuesto sobre Sociedades español. Como si Ferrovial vendiera sus activos a una empresa extranjera y se embolsara pingües ganancias: algo que no ocurre porque todo queda dentro del mismo grupo. Justamente por ello, la ley tributaria española exceptúa estas operaciones de tributar en Sociedades, salvo en los casos en que la fusión carezca de sentido económico y tenga un objetivo meramente fiscal. Pues bien, ahora el Gobierno amenaza a Ferrovial con instrumentalizar la Agencia Tributaria para interpretar que esta operación no tiene sentido económico y meterle un rejonazo fiscal a Ferrovial por osar desobedecer los caprichos del Ejecutivo. Nuevamente, El País resume estupendamente el punto de vista gubernamental: «Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario si no convence al Gobierno de los motivos económicos de su traslado». Si no convence al Gobierno, no a la Agencia Tributaria, sino al Gobierno. Seguridad jurídica, claro que sí.