A las órdenes de Moncloa

Bolaños dirá lo que quiera y el resto de los ministros también, pero el procesamiento de Álvaro García Ortiz era inevitable, y ellos saben por qué. Falta que diga algo Sánchez, tan presto como estuvo en acusar a la Prensa de mentir cuando se descubrió que en el móvil del Fiscal General del Estado (FGE) había cero mensajes. Alguien debería pedir perdón, dijo entonces el presidente. Vale, pues el que debería pedir perdón ahora es él. Por tomarnos por idiotas, por engañar sin parar, por dar órdenes a quien no debía, y por estar destruyendo a las instituciones. Queda claro, no podía ser de otra manera, que don Álvaro mintió, que Sánchez también lo hizo, y que Bolaños insiste en no decir la verdad. García Ortiz incurrió en algo impropio de un fiscal, según el auto de 51 páginas del juez Hurtado. Parece más que acreditado, recursos a la espera, que intentó hacer servilismo a La Moncloa protagonizando un episodio impropio de quien se sienta en la cúspide del Ministerio Público. Perdió los papeles en un estresante trasiego de llamadas para ayudar al Gobierno a ganar el relato. Algo que el fiscal general del Estado no debe hacer, por mucho que le hubiese nombrado el Gobierno. ¿Por qué lo hizo, si él no forma parte del Ejecutivo y representa a una institución independiente? Es lo tiene que explicar, y no se atreve. De ahí el borrado de mensajes y mails. Exhibir la comunicación entre un abogado y la Fiscalía es algo que no puede hacer tan relevante institución, y se hizo. Podrán dar las vueltas que quieran a los mensajes ulteriores, a los whatsapp y correos reenviados después. Eso es enredar. El origen está en la vulneración del derecho de defensa, sin importar demasiado el hecho de si el novio de Ayuso defraudó o no. Esa es otra cuestión, que se resolverá donde proceda. A Alberto González ya se le juzgará por sus responsabilidades con Hacienda. De lo que ahora se habla es de si el fiscal general se comportó como se espera de la persona que ocupa ese altísimo cargo en la cúspide del Estado, o si se desempeñó como si fuera un miembro más del Gobierno, sin serlo, vulnerando su autonomía y perjudicando sin remedio a la institución.

Dicho lo cual, García Ortiz debería dimitir. Debió haberlo hecho ya cuando se le descubrió. No lo hace porque Sánchez y el Gobierno quedarían al descubierto, lo que es causa mayor. Había que tapar el caso Begoña con el novio de Ayuso. El fiscal general se dejó llevar por la presión de la Moncloa, según concluye el juez. Es el razonamiento a que se llega después de que el socialista Juan Lobato entendiera que la Fiscalía estaba filtrando directamente sin que en ese momento mediara publicación alguna en ningún medio. Lobato los dejó al descubierto.

El problema es que la predisposición a dilatar el caso es tal que puede pasar un año entero hasta que la cuestión se dilucide, tras los recursos correspondientes. Y cabe hasta un recurso ante el TC, lo que podría dar un vuelco por completo a la situación del fiscal, habida cuenta la predisposición de Conde Pumpido a socorrer al Gobierno siempre que sea necesario. Lo vimos con los ERE, lo vemos con la Amnistía y lo veremos con García Ortiz. Si no, al tiempo.