La izquierda destroza la sanidad pública

La izquierda lleva camino de dejar la sanidad pública en España literalmente destrozada. La afirmación no es fruto del delirio ideológico del que esto escribe. Ni de una especial inquina hacia Pedro Sánchez y sus satélites en el Gobierno, o hacia sus barones autonómicos. Responde a datos objetivos que, para más inri, emanan del Ministerio de Sanidad, un departamento que no está regido por la derecha.

Las últimas estadísticas incluidas en el sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, correspondientes al 31 de diciembre de 2022, no hacen sino confirmar una tendencia que ya se venía arrastrando desde hace meses: salvo contadas excepciones, son las comunidades del PSOE las que tardan más tiempo en operar a sus pacientes y en ofrecerles el acceso a la consulta del especialista, lo que habla muy mal de la gestión que se despliega en ellas. Por contra, Madrid destaca por su eficacia en estos apartados, claves como herramienta para medir el estado de salud real de un sistema sanitario y para desenmascarar manifestaciones de agitación y propaganda como las orquestadas en la capital por Juan Lobato, al que se le está poniendo cara de Rafael Simancas, y Mónica García, la anestesista con chalet y pisazo que va de amiga del pueblo llano.

Veamos algunos datos curiosos. En el Madrid gobernado por la pérfida Isabel Díaz Ayuso los pacientes tardan una media de 63 días para someterse a una intervención, mejorando incluso a la región líder en este apartado, el País Vasco, en donde la demora media es ya de 73 días. En la Canarias socialista, el tiempo que deben sufrir los enfermos para pasar por el quirófano es de 157 días. En la Cantabria filosocialista del demagogo Miguel Ángel Revilla el tiempo es de 154 días, y en la Extremadura de Guillermo Fernández Vara, el médico que se convirtió al socialismo tras tratar a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, alcanza los 156. En Castilla-La Mancha, la cifra pendiente de revisión habla de 157 días, y en la nacionalista Cataluña llega a 154. Se trata solo de algunos ejemplos que ilustran el fracaso de la gestión directa de la sanidad que con tanto empeño como nulo acierto propugnan, mintiendo a sabiendas, numerosos miembros del Gobierno y sus tentáculos autonómicos. Aragón de Javier Lambán, que en un acto de demagogia decidió cercenar toda suerte de conciertos con la privada para dárselas de progre y vender la moto de que apostaba por la pública, tarda la friolera de 128 días para someter a intervenciones a sus enfermos.

Sin los datos de Madrid, las estadísticas que muestra el Ministerio serían además infinitamente peores. En apenas seis meses la demora media en el conjunto del país ha pasado de 113 a 122 días, en un periodo de tiempo, además, en el que los hospitales se vaciaban de pacientes covid y podían volcarse en la atención de enfermos ordinarios que habían quedado desasistidos durante la pandemia. Se trata, en definitiva, de cifras que deberían forzar al Gobierno a actuar ya mediante la convocatoria urgente de un pleno monográfico del Consejo Interterritorial. En el fondo subyacen una insuficiencia presupuestaria agobiante y una ineficacia gestora fruto de la impericia de las autoridades sanitarias y de unas reglas de funcionamiento obsoletas que datan del siglo pasado, ineficaces para llevar las riendas de una sanidad del Siglo XXI.