La libertad se impone al intervencionismo

El Gobierno ha intentado por todos los medios abortar la legítima operación de Ferrovial con el traslado de su sede social a Países Bajos. Cuesta encontrar un caso similar de acoso de una administración a una compañía privada en el libre desarrollo de sus actuaciones. En las últimas semanas en España y en la Unión Europea se ha asistido con estupor al espectáculo de un Ejecutivo inmerso en una campaña de hostigamiento sin respeto a la legislación europea, precisamente cuando faltan pocas semanas para que Pedro Sánchez asuma la presidencia comunitaria de turno. Finalmente, la junta de accionistas de la compañía ha respaldado la propuesta del consejo de administración sobre el proyecto de fusión trasfronteriza, por la que Ferrovial pasará a ser absorbida por su filial holandesa, que desde hace tiempo es la cabecera del negocio internacional del grupo. Solo si 500 millones de su capital social se acogen al derecho de separación se pondría en cuestión la operación. En todo caso, los accionistas han ignorado a Moncloa y sus turbias maniobras en una reivindicación de los principios europeos y de las reglas del mercado que han convertido a la Unión en la entidad que es hoy. También los inversores han refrendado la idoneidad de la salida de la constructora con un espaldarazo en la bolsa. El papelón de Pedro Sánchez y sus ministros ha quedado retratado durante la junta en las palabras no de los grandes tenedores de títulos de la empresa, sino en las de los representantes de los pequeños accionistas, que han formulado un alegato devastador contra la intolerable injerencia política que ha buscado «violar el derecho de propiedad». Puede que Moncloa haya instrumentalizado el ensañamiento y la hostilidad al borde de la ilegalidad para centrar el debate nacional sobre esa grotesca práctica que es la persecución y la demonización del rico y del poderoso, que siempre da réditos, y relajar la presión mediática y política sobre frentes críticos de su gestión. Pero a qué precio en términos de desprestigio internacional para la nación, con un Ejecutivo que no ha vacilado en objetar la libertad de movimiento y establecimiento de empresas y capitales, pilar fundamental europeo, así como los derechos de los accionistas, definidos en la propiedad privada, y recogidos y amparados por la legislación comunitaria y española. Aún ayer el ministro José Luis Escrivá se permitió alardear de que se retirarán los beneficios fiscales a los que Ferrovial tiene derecho en una suerte de vendetta con aromas peronistas. Rafael del Pino ha expresado su confianza en que se respetará la soberanía de los accionistas y de que prevalecerá la seguridad jurídica nacional y europea. Queremos pensar que será así, aunque la conducta atrabiliaria y bronca de la izquierda aconseja multiplicar las prevenciones. La libertad ha doblegado al intervencionismo. El desenlace es en todo caso agridulce, pues la mudanza de Ferrovial es un revés tras una gestión gubernamental calamitosa.