Cuando en 2022 dos grandes incendios forestales arrasaron 60.000 hectáreas de terreno agrícola y forestal en la zamorana Sierra de la Culebra, la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recurrió al comodín del cambio climático y anunció a bombo y platillo la elaboración de un reglamento común de coordinación frente a los incendios entre el Gobierno y las comunidades autónomas que todavía duerme el sueño de los justos en el cajón de la nueva titular y heredera Sara Aagesen, circunstancia que, tal vez, desconozca la directora general de Protección Civil, la veterana militante socialista Virginia Barcones, a la hora de criticar los fallos de coordinación de los gobiernos autonómicos concernidos y, una vez más, librados a su suerte hasta que la dimensión de la tragedia les desbordó. En esta ocasión el Ejecutivo ha vuelto a repetir la estrategia de comunicación, con el presidente del Gobierno, anunciando una comisión interministerial de cambio climático, recurso dialéctico que, al parecer, evita que la opinión pública se haga incómodas preguntas sobre la competencia de quienes nos gobiernan. El problema, atribuible a unos servicios de propaganda monclovita desbordados, es que esa «comisión interministerial» ya existe. Fue creada por el Real Decreto 958/2018 de 27 de julio, y publicada en el BOE número 182 de 28 de julio de 2018, bajo la responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Es decir, Pedro Sánchez ha vendido a modo de una medida urgente y excepcional una legislación aprobada hace siete años y que, como otras muchas normas y leyes basadas en las modas políticas, no ha tenido utilidad a la hora de enfrentar las nuevas amenazas climatológicas. Es cierto que en estos tiempos líquidos de las comunicaciones electrónicas masivas y omnipresentes cuenta tanto o más la imagen que se proyecta de la acción política que la realidad de la misma, pero todo tiene un límite, que es el de olvidar la propia hemeroteca. Aunque para un gobierno que ha hecho de los «cambios de opinión» estandarte y razón de ser, la falta de memoria reciente tampoco debería representar ningún problema, no lo es para una ciudadanía que siente en carne propia la destrucción de algunos de los entornos naturales más bellos de España. Mala propaganda con una tragedia de enormes dimensiones, que ha costado la vida a seis personas y que ha supuesto para los vecinos de los terrenos asolados por las llamas pérdidas materiales, sí, pero también el daño espiritual de la destrucción de los paisajes que fueron el telón de fondo de toda una vida. Con todo, lo peor es que crece la sospecha entre la ciudadanía de que «la emergencia climática» que sufre España, que fue declarada como tal por el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2020, no es más que un recurso dialéctico de una izquierda huérfana de objetivos sociales, que no está haciendo otra cosa que pisar el freno ante la radicalidad de sus propias propuestas climáticas.