Pedro Sánchez y María Jesús Montero han comprometido su palabra en que presentarán los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Pero su credibilidad está en paradero desconocido. Acumulan unas cuantas promesas similares luego incumplidas. Aunque al Gobierno no le gusta que se lo recuerden, la formulación de las Cuentas y su debate no responden a su albedrío, sino a un deber constitucional que ha burlado de manera alevosa camino de tres años. El PP ha decidido actuar desde el Senado si, como se sospecha, Moncloa dispone un teatrillo en torno a los Presupuestos para infringir de nuevo la legalidad. Planteará una ofensiva judicial contra el Ejecutivo. Sánchez no vacilará en despachar otra nueva tomadura de pelo si no dispone de mayoría en el Congreso, pero ni la democracia ni la oposición deben tolerarlo sin más.