La corrupción reviste, sin duda, destacada gravedad. No solo en España. También en Italia, en Francia, en Alemania, en otros muchos países europeos el tsunami corruptor azota los flancos de las democracias pluralistas.

En España, sin embargo, no es el principal mal que zarandea a nuestra vida pública. Tras los escarceos iniciales de los años setenta, la mediocridad se ha instalado como eje vertebrador de la clase política española. Son muchos los que, en lugar de estudiar y trabajar, se inscriben en un partido político para medrar sin dar golpe. Casi nadie sale defraudado. Los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación, disponen de suculentos presupuestos alimentados con dinero público y extienden sus redes por toda la geografía nacional. La partitocracia es un hecho y de ella deriva una agobiante dictadura burocrática porque los colocados en cargos innecesarios se dedican, para justificar sus sueldos, a inventar incesantes trabas burocráticas. Esta es la miserable realidad. En 1980, los españoles pagaban 700.00 funcionarios públicos. Caminamos con paso firme hacia los cuatro millones, amén de los millares de empresas públicas ruinosas y los incontables asesores y colaboradores.

Y claro. Como la carrera a estudiar ha sido la militancia de partido, son muchos los que adornan sus currículos con licenciaturas, doctorados y másteres inventados que en ocasiones se descubren, pero que generalmente permanecen ocultos entre las montañas de papeles de la burocracia.

Sería injusto no hacer excepciones. Las hay y muchas. Una parte considerable de nuestros políticos, ellas y ellos, están bien preparados, son inteligentes, además de excelentes gestores. Por eso parece conveniente vigilar y actuar de forma implacable contra los que hacen trampas y a todos desprestigian contribuyendo al creciente despegue de la ciudadanía, que considera a los partidos como uno de los tres grandes problemas a resolver. Y a los políticos cada vez más distantes, más lejos de ocuparse del interés general que del partidista o personal. En pleno siglo XIX, Cánovas del Castillo, el más destacado hombre de Estado de aquella centuria, escribió en su Historia de la decadencia española: «Los gobernantes ineptos constituyen una plaga que todavía azota la estabilidad de la vida nacional».

Luis María Anson, de la Real Academia Española