Entre la necesidad y la propaganda

Obligado por la legislación comunitaria, el Gobierno ha presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a las comunidades autónomas los objetivos generales de estabilidad financiera de las Administraciones Públicas para el próximo trienio, paso previo, además, en la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado cuya virtualidad, de momento, sigue siendo más que dudosa. Dificultad que no parece que preocupe demasiado a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, si tenemos en cuenta su otro papel de candidata socialista a las elecciones de Andalucía, región española que debe tener unas necesidades de financiación, por lo visto, mucho más pequeñas que las de Cataluña, a tenor de lo pactado en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Indicio de lo que decimos es que el Ministerio que preside Montero ha vuelto a presentar la misma senda de déficit autonómico del 0,1 por ciento que ya le tumbó el Congreso el año pasado, incluso, con el rechazo de los gobiernos regionales de gestión socialista, y fía la mayor transferencia de fondos a un hipotético, de momento, incremento de los ingresos del Estado por el buen desempeño de la economía, desempeño que, sin embargo, no está siendo suficiente para embridar la, esa sí, creciente deuda pública española. Estamos, una vez más, ante un brindis al sol gubernamental, un ejercicio de propaganda que trata de vender una presunta equidad financiera entre las regiones frente al trato especial pactado con los nacionalistas catalanes, esa «financiación singular», que la opinión pública tiene ya descontada como irreal. Entendemos el problema de la candidata y ministra Montero, como el de los otros miembros del Gabinete lanzados a la pugna autonómica, ante una situación que no tiene vuelta de hoja y que la mayoría de los españoles ya tiene interiorizada. Que la permanencia en el poder de Pedro Sánchez, por encima de cualquier consideración, depende de las minorías nacionalistas catalanas y vascas, lo que impide cualquier negociación leal con el resto de los gobiernos regionales, que llevan años reclamando una reforma de la financiación autonómica que no sólo tenga en cuenta el valor electoral de los socios. Mientras reine la desconfianza sobre las intenciones gubernamentales, desconfianza reforzada cuando se manipulan las actas de la anterior reunión del CPFF por parte de Hacienda, será difícil abordar una estrategia de mejora de las cuentas autonómicas que no pase por el trágala de los intereses del actual gobierno de la Nación. Con todo, lo peor es que no se adivinan cambios de actitud en el más próximo horizonte, con una tercera prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales, algo inaudito en una democracia de la Unión Europea. Son las consecuencias de levantar muros y negar cualquier posibilidad de negociación con el adversario político. Porque gobernar es mucho más que resistir en La Moncloa.