Negligencia y mentiras a costa de las víctimas

El patrón se ha dado de manera recurrente en las crisis que ha afrontado el sanchismo en estos siete años en el poder. En el escándalo de las fallidas pulseras anti maltrato el Gobierno ha echado mano de aquello que entiende que le funciona para minimizar el desgaste, no desde luego con el fin de enmendar el caos. En este punto, hay que insistir en que los hechos, que desveló la propia fiscalía general del Estado, poco sospechosa de contubernio con la oposición, son que el control telemático de medidas cautelares en casos de violencia de género dejó de funcionar con motivo del cambio de prestatario del sistema Cometa, lo que ocasionó «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios». El Ministerio Público precisó que con la migración del prestador del servicio se produjo un fallo en el volcado además de pérdidas de datos entre finales de 2023 y principios de 2024 de lo que se beneficiaron un número indeterminado de presuntos delincuentes y se perjudicó a sus víctimas y, en general, a todas las mujeres de este país. El Gobierno ha hecho lo que mejor sabe hacer, armar un relato exculpatorio, en el que en resumidas cuentas no ocurrió nada, nadie estuvo en peligro y todo funcionó a la perfección más allá de lo que cuantificaron en un 1% de amenazadas, sin mayores consecuencias. Después, conforme al guion, cero explicaciones, nula rendición de cuentas y mínima exposición de los ministros competentes y menos aún del presidente del Gobierno. Opacidad, ocultación, mentira y espantada con el colmo del descaro personalizado en la ministra Ana Redondo señalando a la Fiscalía por poco más o menos hablar de lo que no sabe e inflar un globo cuando apenas se dio un murmullo. La verdad que hoy recogemos en nuestras páginas es que el Ejecutivo puso en peligro la vida y la integridad de cientos de víctimas de violencia de género por racanear en lo que no se debía y apostar por dispositivos sin garantías y contra el criterio de los expertos y no rectificar a sabiendas de las señales de alarma que recibieron de los juzgados competentes y como referentes concretos de la vocal del Observatorio contra la Violencia de Género y de una juez de la Audiencia Nacional. Decir como han defendido ministros como Ana Redondo o Félix Bolaños que no supieron nada es engañar a la ciudadanía en un asunto tan sensible que demuestra la talla moral de esta izquierda impostora. Que el PP haya denunciado al Gobierno en Europa por esta negligente y dolosa gestión era un deber, y es justo reconocerlo, pues nos parece un hecho que se han violado varias normas comunitarias y que ello debe acarrear consecuencias. Las mujeres no pueden fiarse de un gobierno con esta indecente escala de valores, que prioriza ponerse a salvo antes que hacerlo con las maltratadas. Y que cree que un 1% de víctimas indefensas es tolerable.