El Gobierno ha decidido que las empresas eléctricas españolas no deben participar, ni siquiera como observadores, en la comisión de investigación organizada para averiguar las causas últimas del gran apagón del 28 de abril. Que se excluya a quienes, por su labor cotidiana, disponen, sin menospreciar a los técnicos de Red Eléctrica, de los mejores profesionales en la materia no indica nada bueno en las motivaciones gubernamentales. Tras el empeño de Pedro Sánchez en descargar responsabilidades sobre unos ignotos «ciberdelincuentes», la composición de un comité de investigación integrado exclusivamente por afines o por dependientes del poder político no nos habla, precisamente, de la voluntad de obrar con transparencia en un asunto que es de capital importancia para la seguridad y el bienestar de la sociedad española en su conjunto. También de los que no votan al PSOE.