Pensiones a la carta en el País Vasco

Amaya Uranga, la cantante histórica de Mocedades y El Consorcio, con su voz profunda y prodigiosa entonaba «todos queremos más/el que tiene un peso/quiere tener dos,/el que tiene cinco/quiere tener diez/.../ y el de los cincuenta/quiere tener cien». La canción es, quizá, la mejor y más comprensible síntesis del sistema de financiación autonómico. Todos quieren más, ingresar más y gastar más, y los detalles son tan farragosos como superfluos. El lunes el Gobierno y la Generalitat alumbraron un pacto cuyo último objetivo es que Cataluña y los catalanes, pase lo que pase, se garanticen ser más ricos que el resto de los españoles. Es lo que significa la «ordinalidad» entendida como la imaginan los «indepes» y muchos que no lo son, pero que abrazan ese privilegio. Por supuesto, Puigdemont y los suyos de Junts, como Junqueras y su tropa de ERC, «quieren más» y no dejarán de pedirlo. El martes, Pedro Sánchez recibió en La Moncloa al lehendakari vasco, Imanol Pradales. También pide más. Reclamaba y reclama el traspaso de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, que fue una de las demandas del PNV para permitir la investidura del presidente del Gobierno. Sánchez ha dado largas mientras ha podido, pero ahora le han presentado la factura con apremio de cobro. El ejecutivo vasco persigue el control y la administración, sobre todo de las pensiones, pero solo del gasto, porque en el País Vasco son deficitarias y los ingresos normales no alcanzan para pagarlas. Por eso, el Estado tiene que hacer aportaciones. Pradales ha conseguido el traspaso de la gestión de las prestaciones familiares, el subsidio por nacimiento no contributivo y las funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre el seguro escolar. Queda pendiente la parte mollar, la gestión de las pensiones contributivas. De momento, pero solo de momento, se mantienen como competencia central. El interés del Gobierno vasco es claro; si obtiene la gestión tendría la capacidad de, por ejemplo, mejorar las pensiones, a través de complementos, todo pagado, claro, por la caja central de la Seguridad. Abriría, por supuesto, una puerta hacia la desigualdad de la cuantía de las pensiones según los territorios. Al fondo, se escucha «todos queremos más» y la voz mágica de Amaya Uranga.