Puigdemont y la persecución fiscal de los ricos en España

Abraham Lincoln (1809-1865) ya lo advirtió: «No podéis otorgar la fuerza al débil debilitando al fuerte; no podéis ayudar al pobre arruinando al rico». Carles Puigdemont intenta tomar resuello ante su rival ultranacionalista Sílvia Orriols. Rompe con el Gobierno, pero con fuegos de artificio. Dejará de apoyarlo, pero no lo tumbará. A partir de ahora, Junts, votará más veces con el PP en el Congreso para incordiar a Sánchez. Le impedirá aprobar casi todas sus iniciativas, pero no pasará a mayores y lo hecho, hecho está. Puigdemont, por ejemplo, facilitó que saliera adelante la propuesta de sus rivales de ERC de creación del «Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas». Todo para evitar que Madrid fuera una especie de «aldea gala fiscal» sin impuesto de patrimonio, un gravamen –el más alto del mundo– que también irrita en Cataluña a la clientela de Junts.

Gabriel Zucman, un economista francés, catedrático en Berkeley (California), tiene revolucionada a la Francia de Macron porque propone un impuesto de patrimonio a los ultrarricos. Plantea que los patrimonios superiores a 100 millones de euros paguen un 2%. Zucman, que está en línea de otro activista contra la riqueza, como Piketty, sin duda no conoce el sistema fiscal español. En España, ese 2% que propone el experto gabacho se aplica a partir de los 5,3 millones de patrimonio y llega al 3,5% a partir de los 10 millones. Por debajo, aquellos que acumulan entre 3 y 5,3 millones de euros deben apoquinar un 1,7%. La fiscalidad española sobre la propiedad es, sin discusión, la más dura y progresiva del mundo, ante la que propuestas como la de Zucman parecen inicuas. Hay muchos estudios que lo confirman, dentro y fuera de España. El último, quizá el de José Manuel Domínguez, de la Universidad de Málaga, presentado en el foro del «pensadero» Fedea. Analiza la situación del sistema fiscal español y propone una serie de líneas de reforma. Constata que la presión fiscal española roza la media de los países de la Unión Europea, el menor peso –en comparación con los impuestos indirectos, el IVA– y el mayor de la imposición a la propiedad. Sugiere, en aras a la eficacia fiscal, como antes otros expertos, reformas de calado. El problema es que hasta ahora, el Gobierno, con la ayuda de los indepes, ha estado más preocupado en castigar a algunos contribuyentes –ricos, teóricos ricos y residentes en Madrid– que en la construcción de un sistema fiscal sólido, justo y equilibrado. Por eso rechaza que «no se puede ayudar al pobre arruinando al rico», como decía Lincoln.