La quiebra del Estado de Derecho

Tras el Código Penal (CP), ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC). Desolador espectáculo, por si alguien todavía mantiene alguna duda de que España se encuentra sometida a la ignominia de tener un «Gobierno» cuya existencia depende de un prófugo de la Justicia española, que actúa cual si tuviera en La Moncloa a una marioneta a su servicio. La exigencia es que haga lo que sea para que el proceso separatista de 2017 no hubiera existido para sus responsables a efectos legales y judiciales. Por más que adormilen las conciencias de quienes tienen en sus manos que esta infamia histórica se prolongue y se consuma, que esto suceda no puede aceptarse pasivamente. El CP y la LEC son la columna vertebral de la Justicia penal, y como tales deben ser tratadas como normas «de Estado»; es decir, no sometidas a vaivenes ideológicos, ya que el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley es un principio constitucional en todo Estado democrático y de Derecho. Precisamente esa neutralidad política y esa igualdad están representadas en esa icónica imagen de la Justicia como una mujer con una venda cubriendo sus ojos mientras mantiene una balanza en una mano.

No tiene nombre lo que está promoviendo el PSOE, cual unas meras siglas sometidas a la voluntad de su caudillo. Ha modificado el Código Penal, eliminando el delito de sedición, cambiado el de malversación, pretende reinterpretar nada menos que el delito de terrorismo, y todo ello para satisfacer a Puigdemont. Como la amnistía «a la carta» debe blindar y amparar integralmente también a todos los CDR y demás ejemplares «pacifistas» del Tsunami, ahora pretende modificar la LEC rebajando los periodos de instrucción por parte de los jueces para garantizar su impunidad. Si todo esto es constitucionalizado por Pumpido, no habrá más remedio que dar por muerta a la Constitución en su actual redacción ya que, avalando esta conducta política, difícilmente podrá ser considerada como «democrática y de derecho».

El último espectáculo es el de la Fiscalía del Tribunal Supremo con el radical cambio de opinión del fiscal de la causa del Tsunami tras reunirse con el Fiscal General del Estado. Después de esto, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha considerado por una amplia mayoría (12 de 15) que sí hay motivos para investigar a Puigdemont por terrorismo. Ahora la última palabra la tiene el actual Fiscal General del Estado, condenado por «desviación de poder» por el TS, mano derecha de Dolores Delgado, también exministra de Justicia de Sánchez y predecesora suya en el cargo. Ya es sabido: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso».