El regreso de Puigdemont o el fin de una anomalía

España es una de las grandes democracias del mundo y no podemos comprar el relato independentista que ha sido frívolamente asumido por Sánchez con la ilegal e ilegítima ley de Amnistía. Un gran número de pensadores medievales, que han influido decisivamente en la construcción de las modernas leyes constitucionales, teorizaron sobre las limitaciones del poder y las normas ilegítimas. Santo Tomás de Aquino en Suma Teológica (1265-1274) y Juan de Salisbury en Politicraticus (1159) defendieron que el gobernante que no promueve el bien común pierde su legitimidad por lo que cabe resistirse a sus decisiones o incluso deponerlo. Los más destacados autores desarrollaron teorías sobre el bien común y comenzaron a elaborar el principio del contrato social, ya que no todo vale a la hora de ejercer el poder. Estas ideas las encontramos en San Isidoro de Sevilla, San Gregorio Magno, Alcuino de York, Pedro Lombardo, San Alberto Magno, Egidio Romano, Juan de París, Juan Duns Escoto, Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham.

Este proceso fascinante concluiría con Locke y Montesquieu, tantas veces citados como poco leídos, al elaborar la teoría de la separación de poderes. Por tanto, no existe un poder ilimitado que permita vulnerar la Constitución, el ordenamiento legal y el Estado de Derecho para complacer los intereses de una persona o un grupo de individuos. La lista de autores que han tratado la necesidad de limitar el poder para impedir comportamientos autoritarios y cuándo las leyes son legítimas o ilegítimas es interminable. Es cierto que es algo que no le importa a los sanchistas y sus escribidores, pero no podemos resignarnos a aceptar la ley de Amnistía o el relato lleno de falsedades que promueven los independentistas. Por ello, el regreso de Puigdemont, al margen de las traiciones que ha sufrido de manos de Sánchez, concluye una anomalía democrática, porque tendría que haberse entregado a la Justicia para responder de sus actos. El Supremo concluyó con su sentencia la ilegalidad de las actuaciones que cometieron estableciendo que se había producido una sedición, así como una malversación de fondos públicos. Puigdemont está en su derecho a ser independentista, no somos una democracia militante, pero no podía conculcar el ordenamiento constitucional y estatutario. Ahora tiene que afrontar los problemas derivados de la chapuza jurídica de la amnistía.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).