Revienta el campo

El campo no puede más. Pero no sólo la agricultura, sino también la ganadería y el mundo rural en general, incluyendo a la pesca y demás actividades que se generan alrededor de tales sectores, desde la logística hasta la gastronomía o el turismo. Por eso la Plataforma SOS Rural, creada tras el éxito del Movimiento BBB holandés, gestionó este fin de semana una manifestación en Madrid para llamar la atención de los ciudadanos sobre cómo los problemas que actualmente padece el mundo rural afectan de manera directa a los bolsillos de todos. Si se produce poco, si cuesta más caro, si hay escasez, el resultado es el encarecimiento de cuanto se vende en los lineales de los supermercados de las grandes ciudades. De manera que no se trata de un problema que afecte apenas a los agricultores y los ganaderos, sino que repercute en la economía entera.

Por eso subrayan que convocaron a la mayoría de las entidades del sector primario, o vinculadas a él, para alertar de la asfixia que sufre el medio rural. Una asfixia que, según denuncian, está siendo provocada por las malas políticas y por el apoyo gubernamental a grandes fondos de inversión que devalúan lo rural para favorecer sus intereses económicos con la excusa del “falso ecologismo”, favoreciendo la devaluación de fincas para instalar grandes parques solares o eólicos, en detrimento de la población, la economía y la seguridad alimentaria en general.

Las críticas de estos sectores a las políticas 2030 del Gobierno no son menores. Se consideran más ecologistas que nadie porque ellos defienden la naturaleza y entienden que, siendo verdad que ha habido muchos abusos, la mayor parte de las veces esos abusos fueron promovidos por multinacionales que han inundado el mercado con sus productos abrasivos, pesticidas, herbicidas, glifosatos y demás contaminantes. Lo curioso es que se culpa a los agricultores de utilizarlos, cuando han sido los canales de distribución de las grandes corporaciones los que los han llevado hasta las plantaciones.

La teoría del equipo de la vicepresidenta Ribera de que hay que elegir entre las fresas o Doñana, en clara referencia a que no puede haber agua para los regantes, ha extendido estos días la indignación ante una política gubernamental que, en cinco años, no ha emprendido ni un solo trasvase u obra hidráulica para remediar el impacto de la sequía. Al contrario. Sólo en 2021 fueron destruidas 108 presas para favorecer el cauce ecológico de los ríos. “No hacen falta embalses porque no va a haber agua”, es la respuesta de algunos técnicos, que destacan más por su integrismo ecologista que por el afán de solventar los problemas de la sociedad.

Los convocantes de la marcha del domingo se rebelan contra este planteamiento extremista, que condena a miles de agricultores a la inactividad, a malvender sus tierras y a depender de subsidios públicos para poder subsistir. No es incompatible salvar el acuífero de Doñana con el cultivo de la fresa, si se acomete el trasvase aprobado de los ríos Odiel y Piedras, que tienen excedentes. Pero el Gobierno no lo va a hacer.