David Sánchez, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, entre ellas el que fuera asesor de Moncloa, Luis Carrero, se sentarán finalmente en el banquillo. La magistrada Beatriz Biedma ha dictado auto de apertura de juicio oral por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la concesión al hermano del presidente del Gobierno del cargo de coordinador de actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz que, conforme a la resolución, se creó ad hoc para el conocido como «el hermanísimo. «Él y su entorno cercano tendrían relaciones estrechas con otros miembros del Partido en Extremadura con capacidad para influir en las personas que tenían competencia para crear el puesto», expone la instructora en una aseveración que abunda sin matices en el alcance de los vínculos y las relaciones políticas y familiares puestas de manifiesto en el curso de la investigación y que, obviamente, facilitaron un proceso claramente irregular y muy probablemente delictivo por más que, como es nuestra norma, mantengamos presente la presunción de inocencia para todos los acusados. Entendemos, como previene la jueza, que será el juicio la «verdadera prueba» que dilucide «si se absuelve o condena a los investigados», pero de lo que ya no existe duda alguna es que el relato obstruccionista y difamador orquestado por el Gobierno para condicionar este procedimiento ha quedado rotundamente enmendado y sus autores y voceros, desacreditados. El orfeón de los ministros y el coro mediático difamaron con acento prevaricador el diligente y riguroso trabajo de la jueza Biedma. Hablaron de persecución y de que «el único delito de David Sánchez ha sido ser hermano del presidente», fruto de una denuncia «ultra», en lo más parecido a un linchamiento político-mediático promovido por el poder político contra una togada por asuntos exclusivamente familiares y personales. Campañas como la padecida por la instructora ya son marca de la casa del sanchismo, pero no podemos relativizarlas y naturalizarlas, sino denunciarlas como una desviación de poder incriminatorio y deslegitimador. Queda claro que sí hay algo en este prototípico episodio de «enchufismo» que es la más vieja expresión de la corrupción. Hay mucho, como constataron algunos de los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, además de las pruebas testificales documentadas. Hace tiempo que Pedro Sánchez pasó el punto de no retorno de la moral y la responsabilidad. Cualquier otro mandatario en un estado de derecho habría dimitido por el catálogo de imputaciones y procesamientos de familiares y colaboradores. Él lo soportará todo. El poder es su primera y su última línea de defensa. No perderemos un minuto en pedir un último gesto de integridad. Un demócrata ya habría dado la voz al pueblo soberano.