Sánchez, un callejón sin salida para la justicia

Bruselas digiere a estas horas ese plato frío e inesperado que es la demanda de los dos principales partidos españoles para que medie y abra el camino al desbloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo comunitario ha confirmado una petición de parte de nuestras autoridades para «facilitar las discusiones» en el proceso negociador consiguiente en línea con las recomendaciones incluidas en el informe anual sobre el Estado de derecho en los países de la UE. En ese análisis comunitario se ha vertido la idea recurrente del deber de preservar y garantizar la independencia de la Justicia y frenar la politización rampante de un pilar esencial del régimen liberal y de derecho. Hemos de convenir en la circunstancia del todo anómala como es que el mero hecho de que socialistas y populares establezcan algún tipo de sintonía tiene que ser siempre bienvenido para quienes entendemos que la política de la polarización, el cordón sanitario y el vituperio continuado contra la oposición practicada por el sanchismo hasta la fecha aboca a la nación a un terreno extramuros de las democracias consolidadas y plenas. En todo caso, y dadas las experiencias acumuladas en cuanto al respeto a la palabra dada por parte de la izquierda gobernante, el escepticismo frente al desenlace y los frutos de este peculiar e insólito procedimiento supone la actitud más sensata y prudente. Entendemos que el Partido Popular considere que el fedatario europeo constituye una baza novedosa y alentadora como salvaguarda de las reglas del juego democrático y que finalmente se podrá renovar el CGPJ con perfiles independientes y solventes. Sin duda, el arbitraje comunitario aportará fiscalización y transparencia, hábitos medulares del estado de derecho, pero que el sanchismo se ha encargado de excluir de la vida pública e institucional. A priori, las piezas encajan y la presunción es coherente salvo por esa variable indescifrable e incontrolable que maneja el presidente. De hecho, unas horas después del encuentro y el compromiso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sobre el órgano de gobierno de los jueces, resulta casi imposible descifrar y evaluar si ha habido avances en el grado de compromiso del líder socialista con la despolitización de la justicia que exige Bruselas. Más bien entendemos que no. El Gobierno se ha encargado de filtrar que la renovación del Consejo no está condicionada a llevar a cabo una reforma legal para modificar el sistema de elección de los vocales del órgano, o sea que no aceptará bajo circunstancia alguna que los jueces sean designados por sus pares conforme a los estándares europeos que blindan la independencia de los tribunales y la división de poderes. Conviene no llamarse a engaño con el sanchismo. No hay un hecho ni una razón para esperar que al menos en esta ocasión abrace la verdad y mantenga la palabra.