
Sin Perdón
Sánchez comienza las vacaciones que le pagamos los españoles
«La demostración de su autoritarismo es que se siente cómodo atropellando el Estado de Derecho»
Nunca me ha parecido normal que le paguemos todas las vacaciones y los fines de semana al presidente del Gobierno. El mismo rechazo me provoca el uso particular de los Falcón y los helicópteros, aunque se utilicen subterfugios para enmascararlo. No me sirve la excusa absurda de que es más seguro y que por eso se ahorra en seguridad. Es otra anomalía a la que nos hemos acostumbrado. Hay países, incluso, donde sus presidentes del Gobierno siguen viviendo en su residencia particular. No creo que Sánchez sea de mejor clase y condición que sus homólogos. El nivel alcanzado actualmente eclipsa a sus antecesores y es un despropósito que debería regular Feijóo cuando llegue a La Moncloa. Y estoy convencido, conociéndolo, que jamás se comportaría como lo hace el líder del PSOE. Es muy gratificante vivir como si fuera un maharajá, pero tenemos que exigir a los políticos que sean ejemplares en todos los terrenos. Por otra parte, Sánchez no ha renunciado a nada, porque su nivel de vida no se corresponde con el que tenía antes de ser secretario general del PSOE y ahora presidente del Gobierno. No conozco a ningún político español que le paguemos las vacaciones y Sánchez no es el único que necesita llevar protección.
Como no soy un pijo socialista o comunista creo en el auténtico ascensor social, pero que sea fruto del esfuerzo profesional y no con cargo a los Presupuestos del Estado. Me inquieta cuando se gana más en la política que en la vida profesional. Me gusta el mérito y la capacidad y, sobre todo, la transparencia. Por eso, no me gustan los lobbies al estilo español, aunque hay excepciones, en los que un exministro socialista como Pepe Blanco monta una empresa con Javier Curtichs y su mayor mérito es su agenda de teléfonos. No he encontrado que su trayectoria académica y profesional le otorgue una especial formación para la consultoría empresarial. En otros tiempos, los ministros socialistas habían hecho los deberes antes de dedicarse a la política y era lógico que en unos casos volvieran a sus despachos de abogados o economistas y en otros a las plazas de altos funcionarios que habían ganado por oposición. Por supuesto, nunca hubieran apoyado las chapuzas que pretende el sanchismo para asaltar la función pública, controlar el Poder Judicial y colocar amiguetes por la puerta de atrás. Me sorprende que Robles, Grande-Marlaska, Urtasun o Planas, que superaron oposiciones prestigiosas puedan apoyar este tipo de abominables maniobras. Otra cosa distinta es que se mejore el sistema de becas y se incremente su cuantía hasta el punto de que nadie que pueda superar una oposición se vea impedido a ello por una falta de recursos.
No me parece aceptable que un gobierno quiera regalar una televisión a un amigo, para que sea la voz del sanchismo, porque no le parece suficiente TelePSOE. Me parece muy bien que el multimillonario José Miguel Contreras quiera ser un magnate de la comunicación, pero compitiendo, sin ningún atisbo de ayuda monclovita y jugándose su fortuna, con otros operadores. Lo que se ha ido publicando durante meses en los medios de comunicación sobre esta cuestión es un escándalo que sería impensable en cualquier país de la Unión Europea. No ha conseguido coronar con éxito su proyecto, porque fracasó el asalto al grupo Prisa. El PP debería ser más contundente en este terreno y crear una comisión en el Senado basada en la transparencia y el buen gobierno en el tema de los lobbies y los lobistas. El fervor en favor de China de este gobierno, así como de los populismos iberoamericanos que no tienen un gran fervor por la democracia es muy significativo.
El informe del grupo Greco del Consejo de Europa pone el foco, precisamente, en el tema de los lobistas. Es algo que inquieta al Gobierno y hay que preguntarse por qué. No creo que consiga aprobar el proyecto de ley de secretos oficiales, porque nos encontraremos con una enorme mordaza. El antecedente de la ley de Transparencia y Buen Gobierno, así como su incumplimiento sistemático permite augurar que la arbitrariedad que caracteriza a Sánchez llegará a extremos inimaginables. Al tratarse de una decisión gubernamental podrá utilizar cualquier resquicio para impedir que salgan a la luz muchas cosas y los medios de comunicación y los periodistas desafectos con el régimen no podrán ejercer su labor constitucionalmente reconocida. Con esta ley nunca hubieran visto la luz en Estados Unidos escándalos como los Papeles del Pentágono o el Watergate. Durante estos años hubiera podido realizar las reformas para que el informe del grupo Greco fuera impecable y pudiéramos sentirnos orgullosos. La demostración de su autoritarismo es que se siente cómodo atropellando el Estado de Derecho, la separación de poderes y favoreciendo los lobbies socialistas, así como el capitalismo de amiguetes que practica en el sector público empresarial.
Me gustaría escribir todo lo contrario, pero nadie puede decir que lo señalado hasta ahora es mentira o incluso que es una exageración. Lo sucedido con los procesos judiciales que afectan a su familia, su Gobierno y su partido confirma que las críticas son fundamentadas. Lo que sabemos sobre Ábalos, Cerdán, Koldo y Leire Díez no tiene parangón con escándalos anteriores por más que la izquierda mediática intente defender al inquilino de La Moncloa. A estas alturas no ha dado ninguna explicación sobre los negocios de prostitución y saunas gay de la familia Gómez. No ha desmentido las graves acusaciones del presidente del PP. Otra situación escandalosa es el intento de controlar a los medios de comunicación, el uso arbitrario de los recursos públicos para favorecer a la prensa sanchista y la falta de transparencia informativa. Cabe suponer que los favorecidos por su desproporcionada generosidad defenderán que Feijóo haga lo mismo cuando sea presidente del Gobierno, aunque saben que nunca lo hará.
Francisco Marhuenda.De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)
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