La lamentable situación política que estamos viviendo en España con el actual Gobierno trae causa directamente de la aplicación del sabio aforismo popular de que «lo que mal empieza, mal acaba» y que en este caso podría incluso corregirse por el de «peor acaba». También le es de aplicación el de «dime de qué presumes y te diré de lo que careces», al tratarse de un Gobierno que se atreve a autocalificarse de «progresista» y con un presidente que accedió a él tras ser rechazado estrepitosamente dos veces en las urnas en tan solo seis meses. Además de haber sido desalojado de la secretaría general por su propio partido tras obtener esos patéticos resultados, obligar a repetir las elecciones generales por primera vez desde la aprobación de la Constitución y pretender volver a hacerlo nuevamente tras obtener la exigua cifra de 89 y 84 diputados respectivamente en ambas contiendas electorales. La «judicialización de la política» acompaña a la «politización de la justicia», que es una lacra que arrastra el sistema sin resolver desde hace demasiado tiempo y que se proyecta con especial intensidad en los casos de presunta corrupción política que envuelven el entorno personal y político de Sánchez, y que alcanza al mismo Fiscal General del Estado, investigado por actuar cual letrado asesor jurídico-político del principal partido del Gobierno, y que encabeza la institución que tiene nada menos que la función de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y la independencia de los tribunales, entre otras similares. Con un presidente que accede al Gobierno y se mantiene en él gracias al apoyo de un dirigente político prófugo de la justicia en el extranjero por consumar un golpe de Estado, y de otro dirigente condenado por su pertenencia a la banda terrorista ETA y con quien había asegurado rotundamente que nunca pactaría con él. Y que osa erigirse en juez supremo de la ética pública y de preservar la democracia del riesgo de que sea destruida por la «ultraderecha», cuando nunca habían llegado al actual nivel de degradación tanto la ética como la moral públicas y la calidad de la misma democracia. Un Gobierno con apoyos parlamentarios de estas características, y con socios comunistas, que constituye literalmente un Frente Popular, como hemos comentado reiteradamente, y hay que repetirlo para intentar que se asuma la gravedad que este hecho significa. En primer lugar, por los propios españoles, y también por la UE, que tiene dos pesas y medidas para juzgar a gobiernos que no cumplen con sus presuntos estándares de calidad democrática. Autoritario con la «ultraderecha» y socio amigable de «ultraizquierdas frente populistas».