La tierra quemada de Sánchez y el Estado de Derecho

A Sánchez le molesta que se haga referencia al sanchismo como el cuerpo ideológico populista y radical que impulsa sus políticas de gobierno. No tendría que ser un término negativo, pero la realidad confirma que no existe un propósito de enmienda, sino una pertinaz persistencia en debilitar o demoler la separación de poderes que es el fundamento del Estado de Derecho. Es una realidad contrastable desde que asumió la presidencia tras una moción de censura tan legal como legítima. Nunca he cuestionado la utilización de una institución prevista en la Constitución. Otra cosa distinta es la ofensiva política que permitió tumbar un gobierno, aunque es evidente que no fue orquestada o promovida por Sánchez. Había un claro y objetivo interés de desalojar al PP del Gobierno. Rajoy era la pieza que abatir. Esa sí fue una evidente muestra de lawfare, como otras emprendidas por los socialistas como el asalto a la Fiscalía General del Estado o al Tribunal Constitucional. Por supuesto, hay que incluir el interés de Sánchez por asaltar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e impedir su independencia. La diferencia es la capacidad propagandística de La Moncloa y su poderoso aparato mediático, ya que el lawfare sanchista se blanquea como sucedió con los anteriores gobiernos socialistas.

La proposición de ley de amnistía es la confirmación del concepto de tierra quemada que aplica el sanchismo sobre el Estado de Derecho. Una norma que es manifiestamente inconstitucional solo podrá serlo gracias a un pumpidazo del presidente del Tribunal Constitucional. La cuestión de fondo es la extensión del concepto de soberanía popular para justificar que es constitucional cualquier cosa que haga o decida el Congreso de los Diputados. La Constitución no le otorga un poder omnímodo que le permita actuar como pretende Sánchez para pagar sus compromisos. No son unas Cortes constituyentes dotadas de una habilitación para elaborar una nueva Constitución o mutarla por medio de la aplicación de una escuálida mayoría.

En un momento en que la izquierda retrocede en toda Europa, Sánchez pretende mantener el pintoresco dilema entre el progreso y el peligro de la extrema derecha. Nadie se puede tomar en serio que el progreso sea pactar con los independentistas, los comunistas, los antisistema y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. Ha conseguido configurar una alianza parlamentaria que va desde la derecha y ultraderecha independentista catalana de Junts hasta el comunismo de Sumar y su ensalada de siglas de ideologías variopintas. No parece que sea un modelo de coherencia, sino de un mercantilismo propio de un capitalismo político salvaje sin parangón entre las democracias. No existe un caso igual y creo que nunca lo ha existido. Hay que reconocer que ha logrado un hito insólito.

El sanchismo se basa en la obsesión de controlar todos los resortes del poder en el Estado. Por ello, puede hacer nombramientos que no responden a criterios de mérito y capacidad o colocar a amigos del partido dentro de una insólita política clientelar que eclipsa a sus antecesores. Todo tiene una justificación, aunque jurídicamente sea impresentable. Las puertas giratorias son la práctica habitual para los cesados, así como el asalto inmisericorde a la Administración General del Estado y al sector público institucional y empresarial. Los órganos reguladores y de control tienen que estar sometidos a los deseos de esa soberanía popular. Por ello, es lógico que se ignore que el artículo 66 de la Constitución no habilita a las Cortes a aprobar una amnistía que los constituyentes decidieron no incluir. No tiene la competencia para ello. El asalto al Poder Judicial y la conversión de las comisiones del Congreso en unos tribunales populares para enjuiciar la labor de los jueces y fiscales es un ataque a la separación de poderes y un cuestionamiento del Estado de Derecho. Las actuaciones judiciales tienen sus mecanismos de control de legalidad, aunque la trayectoria ha sido ejemplar, salvo las contadas excepciones de algún juez condenado como sucedió con Baltasar Garzón. Cuando se habla del lawfare o el control del PP sobre la Justicia es bueno recordar las condenas por corrupción de algunos políticos que tanto daño hicieron a este partido. Es curioso que no sucediera lo mismo con los que eran del PSOE. Nunca los escándalos que afectaron a los socialistas tuvieron la misma sanción mediática que los del PP. La diferencia ha sido y es abismal. Por ello, referirse a un lawfare es un insulto a la inteligencia además de una enorme mentira que tendrá muy malas consecuencias para Sánchez en la UE.

La separación de poderes y la defensa del Estado de Derecho es algo que se toman muy en serio las instituciones europeas. No hay más que ver los problemas que han tenido otros Estados. Sánchez quiere una renovación del CGPJ que le garantice un férreo control como sucede con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y los organismos reguladores. Es tener la garantía de que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, así como el resto de los órganos judiciales pierdan su independencia, porque tienen que seguir las instrucciones y complacer los deseos de la soberanía popular. Nunca me ha gustado la colonización política de las instituciones, porque es una inquietante enfermedad del sistema que cada día es más grave y conduce a un autoritarismo donde se respetan las formas democráticas, entendidas como la imposición de la mayoría sobre la minoría, pero se destruyen poco a poco los fundamentos del Estado de Derecho. Nunca ha sido bueno que el Poder Legislativo sea una correa de transmisión del Ejecutivo, pero el sometimiento del Judicial sería un desastre democrático.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia delas Instituciones (UNIE).