El Gobierno choca con la Justicia por su política de nombramientos

En las últimas semanas se ha constatado un choque inédito entre el Gobierno y los tribunales por la política de nombramientos y por los argumentos y méritos en la elección de las personas para ocupar cargos en instituciones estratégicas. El problema es que no siempre se ajustan a la legalidad o a las exigencias del puesto. Algunos ejemplos de designaciones que en las últimas semanas ha anulado el Tribunal Supremo (TS) son el ascenso de Dolores Delgado a la más alta categoría de la carrera fiscal o el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. También el cese de Eduardo Esteban al frente a la Fiscalía de Menores, que ha sido dos veces rechazado por el alto tribunal. Son casos que han puesto en evidencia la falta de cuidado en el cumplimiento de los requisitos legales, así como la debilidad de los criterios aplicados desde el Ejecutivo para cubrir vacantes en organismos relevantes.

El resultado es que los tribunales han constatado, en sus resoluciones, la inadecuación de los perfiles seleccionados. Para algunas fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN, esto demuestra que las cosas no se han hecho bien y que el Gobierno de Pedro Sánchez y otras instituciones no han vigilado en detalle cómo se deben realizar los nombramientos. Los profesionales, señalan, no han cumplido al pie de la letra lo que exige la normativa y de ahí vienen las consecuencias. «Lo que ha pasado es que se ha impuesto el imperio de la ley», concluye un magistrado al valorar las anulaciones del TS.

Han sido semanas negras, marcadas también por la polémica a raíz del duro informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha declarado la «inidoneidad» del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para continuar al frente del organismo. Si bien el dictamen no es vinculante y el Ejecutivo podrá mantenerlo en esa posición, «el informe sí es relevante», señala una fuente del órgano de gobierno de los jueces. En definitiva, ha sido una seguidilla de reveses para la política de designaciones de altos cargos en distintos organismos.

Sobre la argumentación de las sentencias, para Francisco Javier Orduña, que fue magistrado de la sala Civil del Supremo durante ocho años y actualmente es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, no cabe cuestionamiento alguno de estas resoluciones. «Desde el punto de vista técnico, las sentencias son irreprochables», destaca. Y también recuerda que, por ejemplo, en el caso de Magdalena Valerio, el alto tribunal confirmó que no cumplía el requisito de ser jurista de reconocido prestigio, mientras que en el del fiscal general García Ortiz, en el análisis del CGPJ a su gestión, destaca que ha pesado que fuera él quien propuso a Delgado para ascender a fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal, otro ascenso anulado después de que el Supremo detectase «desviación de poder» en su propuesta.

Para el catedrático, es crucial buscar una mayor transparencia en la toma de decisiones y en el perfil de los elegidos, porque este es el fondo del asunto. «En estas instituciones tendrían que ir solamente personas con independencia y profesionalidad acreditada y ajustada al cargo», explica. Por ello, aboga por cuidar al máximo la selección de personas porque en muchos de estos cargos se ha nombrado a militantes o ex altos cargos. Y reflexiona: «Cuando se habla de independencia y de transparencia, se suele abusar de estos términos. Todo el mundo dice que es transparente y todo el mundo dice que es independiente, pero la verdad es que esto se demuestra con hechos».

Resulta llamativo que la mayor parte de estos nombramientos para puestos de relevancia fueron avalados en distintos niveles, ya sea por el Gobierno, por las Cortes Generales o, en su caso, por la Fiscalía General del Estado. «El problema es que no lo hicieron bien», apunta otro magistrado que recuerda que los tribunales deben aplicar la ley, también cuando hay indicios de arbitrariedad en los nombramientos en las altas instituciones.

La reacción del Ejecutivo ha sido de respeto a las sentencias, pero poniendo en entredicho las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, criticó la que anuló el nombramiento de Valerio porque, a su juicio, «cuestiona las competencias del Gobierno». O la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que estimó que estas resoluciones no son «un ejemplo de la separación de poderes». Frente a estas valoraciones, los magistrados consultados reafirman que velar por la legalidad de un nombramiento está entre las competencias de los tribunales. «Para eso están los jueces», subraya Orduña, que recuerda que a lo largo de la historia el Poder Judicial ha controlado a los distintos poderes del Estado.

Otro aspecto que ha puesto en duda el Ejecutivo es que una organización privada pueda recurrir sus nombramientos. Esto porque en el caso de Magdalena Valerio, fue la Fundación Hay Derecho la que recurrió. Su directora general, Safira Cantos, ha defendido la legitimidad de las asociaciones para dar este paso, algo que el propio TS refrendó en su sentencia.

«En una democracia sólida, la sociedad civil debe tener la potestad de cuestionar las decisiones del poder, siempre que se actúe de acuerdo con la ley. Es el Supremo el que anula la decisión del Consejo de Ministros y además lo hizo por unanimidad. Es algo muy importante», señala. Descartó que exista ningún tipo de sesgo político en los magistrados para adoptar estas medidas, porque solo aplican lo que recoge la ley. Además, desde la fundación han impugnado otros nombramientos o procesos de selección en diversos organismos estatales. «Lo que nos preocupa es que estén primando razones de carácter político por encima de la legalidad», sostiene Cantos. Y sobre los ascensos y designaciones que han sido objeto de cuestionamientos en otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, explica que este caso les parece «de suma gravedad», porque está en juego la imagen que se traslada a la ciudadanía sobre organismos que son la base del sistema democrático. «Son situaciones que deterioran la credibilidad de la institución y que no ayudan a que mejore la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial», asegura.

En algunos casos, resulta llamativo el empeño y la insistencia en situar a una persona al frente de una institución. Es lo que ocurrió con Eduardo Esteban, al que Delgado propuso en dos ocasiones para liderar la Fiscalía de Menores. Y es que después de que el TS rechazara su nombramiento, volvió a proponerlo, descartando al fiscal de sala José Manuel de la Rosa, que fue quien presentó el primer recurso. Delgado le atribuyó una supuesta «falta de sensibilidad» al aplicar la perspectiva de género en cuestiones jurídicas. El alto tribunal acogió el segundo recurso, pero el cese no se produjo hasta que el Ministerio de la Presidencia ejecutó las dos sentencias y publicó el cese de Esteban en el BOE.

¿Y si los afectados creen que se han vulnerado sus derechos? «Las personas que se sientan perjudicadas cuentan con los recursos para acreditar que cumplen con los requisitos en el Tribunal Constitucional. Es nuestro Estado de derecho», apunta Orduña. Hasta ahora, no ha trascendido que alguno haya recurrido.