Coordinación, por favor

La publicidad es una de las actividades más reguladas en España, hasta el punto de que la numerosa legislación y normativa existente puede dificultar considerablemente hacer una simple campaña. Hay centenares de normas aplicables, entre directivas europeas, leyes nacionales, autonómicas, y normas y ordenanzas municipales. Un anuncio puede ser perfectamente legal en Madrid y prohibido en Getafe, apenas 15 kilómetros al sur de la capital. Y no digamos si se cambia de autonomía, pues cada una ha legislado sobre la publicidad según ha considerado conveniente, generando numerosas contradicciones e inconsistencias.

Como simple ejemplo, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), acaba de publicar un informe comparativo sobre la regulación autonómica de la publicidad de bebidas alcohólicas de alta graduación. Se indica que Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra son las más permisivas, mientras Canarias, La Rioja, Cantabria y el País Vasco tienen las medidas más restrictivas «en favor de la salud pública y de la protección de los menores». La AUC recuerda que en televisión hay una norma estatal sobre la publicidad de alcohol, pero no afecta a los demás soportes y, sobre todo, a la publicidad exterior. Y reclama en sus conclusiones la necesidad de una norma estatal que unifique el confuso panorama.

En este caso, el objetivo de la AUC es lograr una legislación más restrictiva, pues alude a la protección de los menores y el temprano inicio de los jóvenes en el consumo de alcohol. Pero también la Asociación Española de Publicidad Exterior (AEPE), integrada en la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (FEDE), ha reclamado históricamente una regulación estatal lógica que permita saber cómo y qué se puede anunciar y qué no se puede hacer en cualquier lugar de España.

El resultado es uno de los efectos negativos de la descentralización a nivel municipal y autonómico, sin duda poco importante en comparación a otros muchos más destacados y prioritarios, pero que lleva muchos años afectando fuertemente al sector publicitario. Por desgracia, y pese a todos los informes, estudios y análisis que confirmen y recuerden el problema, no parece que nadie se sienta aludido y se plantee lo fácil y beneficioso que sería tener una normativa general única que se aplique a la toda la publicidad, en todos los medios y soportes, y en toda España.