El desequilibrio estructural de la Seguridad Social

Todos los expertos coinciden en que el sistema público de pensiones sufre de un desequilibrio estructural que no se remediará meramente con la reactivación económica: a cierre de 2016, los ingresos de la Seguridad Social se ubicaban en 121.000 millones de euros, una marca superior a la alcanzada antes de la crisis. El desajuste entre ingresos y gastos no ha hecho más que dispararse durante los últimos ejercicios: mientras que en 2008 disfrutábamos de un superávit de 15.000 millones de euros, actualmente arrastramos un déficit de 18.000. La razón, claro está, es que durante ese período los gastos se han disparado en casi 35.000 millones de euros.

Esta pasada semana, el BBVA Research expuso en el Congreso de los Diputados sus principales temores acerca de la evolución futura de nuestras pensiones: según esta institución, dos terceras partes del actual déficit de 18.000 millones exhiben un carácter estructural. Es decir, el gasto supera en cerca de un 8% a los ingresos: unos 83 euros de los 1.041 que cada mes se pagan en forma de pensión media proceden de un endeudamiento persistente.

A largo plazo, además, este desajuste no hará más que agravarse: en el año 2050, el número de pensionistas alcanzará la cifra de 15 millones, frente a las 9,5 millones actuales. Según el BBVA Research, para lograr mantener las condiciones de jubilación sin aumentar las cotizaciones sociales será necesario incrementar el número de trabajadores ocupados hasta los 27 millones. Evidentemente, se trata de un objetivo del todo inasequible: en el presente, la cifra apenas supera los 17 millones y la previsión es que este guarismo vaya menguando a medio plazo por mero decrecimiento de la población. Las estimaciones más razonables no apuntan a que España tenga 27 millones de trabajadores en 2050, sino más bien 15: es decir, a que sólo haya un pensionista por trabajador, lo que obligará a deteriorar las condiciones actuales de jubilación a la mitad salvo que se tomen otras medidas correctas.

¿Y qué medidas correctoras pueden tomarse? Si descartamos una subida adicional de la carga fiscal —ya desproporcionadamente elevada—, el BBVA Research sólo plantea dos opciones: por un lado, reformas estructurales que permitan un aumento de la tasa de empleo y de la productividad del factor trabajo; por otro, medidas que fomenten el ahorro personal.

Entre el primer grupo de medidas, habría que mencionar la liberalización del mercado laboral para facilitar la creación de empleo; la rebaja del IRPF para incentivar una mayor predisposición a trabajar; la apertura migratoria; y la facilitación de la natalidad. A su vez, la liberalización educativa también debería contribuir a mejorar la calidad de nuestro capital humano y, por tanto, nuestra productividad.

Entre el segundo grupo de medidas, el BBVA Research incluye una reforma del actual sistema de reparto para ligar más estrechamente las pensiones a las cotizaciones (en la actualidad, por cada euro cotizado se devenga el derecho a cobrar una pensión de 1,28 euros, cuando habría que tender hacia un equilibrio actuarial entre cotizaciones y derechos) y, sobre todo, la constitución de planes de ahorro privado de los que extraer los fondos que complementen las exiguas pensiones públicas del futuro.

En definitiva, la Seguridad Social ya está en problemas y esos problemas van a ser crecientes en el tiempo, tanto por la negativa evolución demográfica cuanto por el desequilibrio actuarial entre cotizaciones y pensiones. Semejante agujero financiero no se solucionará por sí solo, sino que requerirá de profundas reformas normativas que, por desgracia, no parecen hallarse en la agenda de ningún partido. Nuestros políticos prefieren seguir obviando la cruda realidad que nos espera: su horizonte temporal no se extiende hasta 2050; apenas alcanza los próximos cuatro años.

270.000 funcionarios

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno convocará durante los próximos tres años 270.000 plazas de funcionarios para convertir en fijos al 90% de los actuales 290.000 interinos. La medida, pues, no implicará necesariamente un incremento del gasto público, sino únicamente un cambio en la modalidad contractual de los trabajadores estatales. Mas ello no significa que no se trate de una decisión equivocada: en la medida en que los funcionarios son inamovibles, el aumento de su plantilla vuelve más rígido el tamaño y la estructura de la Administración. Si los gobiernos del futuro quisieren o necesitaren adelgazarla, tendrán mucho menos margen para hacerlo. Preocuparse por la precariedad del empleo en el sector público puede resultar razonable, pero no a costa de concederles a los interinos un puesto vitalicio. En los países nórdicos, la figura de la plaza vitalicia es prácticamente inexistente, lo que permite combinar la baja temporalidad del empleo público con la imprescindible flexibilidad de la Administración para reajustarse. Lo que no tiene sentido es combinar plazas vitalicias con ausencia de interinidad.

Primer fracaso de Trump

La reforma sanitaria de Donald Trump y del congresista Paul Ryan no vio finalmente la luz. El fracaso no se debió a que los republicanos carecieran de mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, sino a que un grupo de valientes congresistas republicanos se negaron a dar su plácet a una legislación que consideraban tibia, insuficiente y desleal con sus votantes. Para muchos, la reforma patrocinada por Trump y Ryan no era más que una versión descafeinada del «Obamacare» demócrata, algo que atenta contra las diáfanas promesas que lanzaron a sus electores de derogar completamente la legislación impuesta por el anterior presidente. Es verdad que la sanidad estadounidense arrastra muchos fallos, pero la solución a los mismos no consiste —como hizo Obama y como quería consolidar Trump— en profundizar en el intervencionismo del Estado, sino en transitar hacia un sistema sanitario de libre mercado, caracterizado por el ahorro personal y por la competencia entre una pluralidad de oferentes preocupados por satisfacer del mejor modo posible al paciente.

Contra Airbnb

Airbnb, y otras plataformas similares como HomeAway o Rentalia, han revolucionado el sector del alquiler vacacional al facilitar que cualquier persona con un inmueble vacío pueda convertirse en hotelero a tiempo parcial. Gracias a ello, muchas familias están cosechando unos ingresos adicionales que les permiten salir de la crisis con mayor holgura: la tarta del pastel turístico ya no se la reparten solo las grandes cadenas hoteleras, sino también todos aquellos pequeños propietarios que, merced a la magnífica intermediación de estos portales, ponen su vivienda a disposición de los turistas. Por desgracia, muchos políticos ven con malos ojos que los ciudadanos prosperen por sus propios medios en lugar de verse abocados a depender de las dádivas del Estado: y, por ello, Airbnb y el resto de las plataformas han sido sancionadas por distintas administraciones durante los últimos meses. En noviembre fue el Ayuntamiento de Barcelona y esta semana la Generalidad Valenciana: un hostigamiento que, en el fondo, sólo busca poner trabas a que los ciudadanos particulares puedan rentabilizar sus activos inmobiliarios.