Podemos y Ciudadanos

Afloran ya los programas electorales y en lo que me interesa –la Justicia– comento dos: el de Podemos y el de Ciudadanos. En concreto, me interesa qué ofrecen respecto de su sistema de gobierno, semillero de imputaciones de politización que es lo que más desprestigia a la Justicia. Tenía mucho interés en conocer la oferta de los partidos emergentes, que se presentan como alternativas regeneracionistas respecto de un sistema político e institucional que tiene unos síntomas más que inquietantes de desgaste, descrédito y desafecto popular.

Los programas de socialistas y conservadores no se conocen aún, pero no creo que haya novedades. En ese aspecto las diferencias entre los dos grandes partidos se han reducido hasta lo insignificante; reina entre ellos una pax política plasmada en una fórmula que interesa a ambos: gobierna la Justicia un Consejo General del Poder Judicial autónomo, pero que controlan mediante su elección parlamentaria y con la colaboración de la Judicatura, incorporada a ese sistema.

Podemos no defrauda. Hace meses escribí en estas páginas que su política judicial era equivalente a la nada, valoración que reafirmo tras consultar su programa. A diferencia de otras materias en las que para ir al meollo hay que escarbar en una fraseología con aroma revolucionario, para el gobierno judicial no propone nada. Sí hubo un amago de originalidad en el proceso interno de votación de lo que luego ha sido su programa electoral; en concreto, proponían que el Consejo General del Poder Judicial fuese elegido directamente por los ciudadanos, una concepción arcaica de la democracia que acercaría las instituciones a una suerte de concejo abierto municipal.

En aquel artículo mostraba mi inquietud ante el peligro de que cayesen en manos de un partido de inspiración totalitaria y raíces comunistas unas instituciones pensadas por los dos grandes partidos para garantizar la hegemonía del poder político sobre el Judicial. Podemos no quiere alterar el actual modelo y lo entiendo: primero, porque Podemos es un punto en el desarrollo del zapaterismo y, segundo, porque de gobernar le garantizaría un poder total sin forzar la Constitución. Poder conjugado, insisto, con una ideología de raíces totalitarias.

Ciudadanos sí propone algo original: junto con el Senado, plantea la desaparición del Consejo General del Poder Judicial. Inspirándose quizás en el Defensor del Pueblo, plantea que sus funciones las ejerza el presidente del Tribunal Supremo, elegido por el Parlamento, auxiliado por dos adjuntos elegidos directamente por los jueces; además, propone que el gobierno judicial se ejerza con una discrecionalidad reducida a lo mínimo. Otra oferta –plausible– es la eliminación de los juristas que ingresan en la Judicatura propuestos por los parlamentos autonómicos, algo que Podemos explícitamente quiere potenciar.

Reconozco en las propuestas de Ciudadanos cosas que tengo dichas, de palabra, por escrito y con publicidad. El plato fuerte es la desaparición del Consejo, será discutible, pero quienes conocemos cómo funciona sabemos que está sobredimensionado, que para lo que es función estricta de gobierno judicial sobra mucha gente, que es mastodóntico porque en su origen todos los partidos querían colocar allí a su gente. Y la reducción de lo discrecional al máximo debe matizarse, pero es quizás la única garantía de que la carrera profesional del juez, ahora inexistente, dependa en verdad de su mérito y capacidad y no de sus relaciones, filias, amistades, padrinazgos, pactos, repartos o carambolas.

Sigo defendiendo el modelo genuinamente constitucional que rigió entre 1980 y 1985, tanto para la elección directa del Consejo por los jueces como respecto de sus competencias. Pero la realidad es que nadie quiere resucitarlo, apelar a él es sólo nostalgia, y la nostalgia –como toda algia– lo que trae es dolor. Por eso, frente lo que hay, lo más interesante en términos electorales es la propuesta de Ciudadanos, aunque exija reformar la Constitución.

Todas las asociaciones judiciales lo han criticado, y lo entiendo porque perderían peso, pero deberían reflexionar sobre su papel en el gobierno judicial, tarea inaplazable si es que no quieren caer en las mismas patologías de partidos y sindicatos. El peligro es que les convenga el actual sistema de gobierno judicial porque les reporta una parcelita de poder e influencia que es la contrapartida que los partidos les ofrecen por involucrarse y legitimar un sistema que ellos controlan.