Castigos más altos para evitar un nuevo «Vatileaks»

Con los cambios legislativos introducidos ayer por el Papa con su motu proprio y con las tres nuevas leyes, hoy sería bien distinto el proceso a Paolo Gabriele, el ex ayudante de cámara de Benedicto XVI condenado y luego perdonado después de que fotocopiase y filtrase a la Prensa documentos confidenciales del entonces Pontífice. El nuevo ordenamiento, que contempla la abolición de la cadena perpetua y su sustitución por penas de reclusión que van de los 30 a los 35 años, prevé penas más severas por el robo de documentos, especialmente si se trata de papeles de especial importancia.

Giuseppe Dalla Torre, presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, quien se encargó de explicar a la Prensa la actualización en la normativa, dijo que el juicio a «Paoletto», como se conocía al mayordomo, puede haber pesado algo en los cambios, pero no ha incidido de manera determinante. A partir de septiembre, cuando entran en vigor las nuevas leyes, quien revele noticias o documentos confidenciales de la Santa Sede puede ser condenado a una pena de reclusión que va de los seis meses a los dos años y con una multa que oscila entre los 1.000 y los 5.000 euros. En caso de que los documentos sean «top secret», por estar relacionados con los «intereses fundamentales» o las relaciones diplomáticas de la Santa Sede o la situación del Estado de la Ciudad del Vaticano, la pena de reclusión aumenta: se fija entre los cuatro y los ocho años, explicó Dalla Torre.

La reforma de ayer contempla una importante novedad: incluye en el régimen sancionador a las personas jurídicas por los casos en que cometan actividades delictivas sus organismos o empleados. Se establece que tienen una responsabilidad directa, contemplándose diversas sanciones. Otro aspecto interesante es que se introduce el principio del proceso justo en un tiempo razonable de tiempo, así como la presunción de inocencia del imputado. Por otro lado, se subraya la importancia de la cooperación judiciaria internacional reformulando su normativa y adoptando medidas adecuadas con las últimas convenciones internacionales relativas a este campo.

El secretario para las relaciones con los Estados de la Santa Sede («ministro de Exteriores»), el arzobispo francés Dominique Mamberti, comentó esta actualización. Dijo que representan una «intervención normativa de largo alcance» y que el hecho de que se tipifiquen ahora mejor algunos crímenes no significa que antes no se persiguieran. «De hecho ya se castigaban», aseguró el arzobispo. Destacó en particular que con las nuevas disposiciones se pueden «identificar con mayor certeza y definición los casos delictivos y cumplir, así, con las normas internacionales, ajustando las sanciones a la específica gravedad de los hechos».

Uno de los puntos de la nueva normativa explica la potenciación de los «poderes cautelares a disposición de la Autoridad judicial» que se ha llevado a cabo por medio de «la actualización de la disciplina de confiscación, potenciada por la introducción del bloqueo preventivo de bienes». Respecto a las sanciones administrativas, estarán destinadas a «favorecer la eficacia y el respeto de normas para la tutela de los intereses públicos».