Las mascarillas cuestan desde mañana un máximo de 0,96 euros en las farmacias

Más de un mes y medio después de estallar la pandemia de coronavirus en España, el Gobierno ha optado por la intervención de precios de algunos productos protectores utilizados por los ciudadanos. El pasado martes, hizo público el acuerdo adoptado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de fijar un tope máximo de 0,96 euros para cada mascarilla quirúrgica desechable. Se trata del precio final de venta al público con IVA o “en su caso”, el IGIC (impuesto indirecto que grava el consumo en las Islas Canarias) correspondiente. Dicho precio entrará en vigor mañana, después de su pertinente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la reunión de este órgano integrado por representantes de varios ministerios y comunidades autónomas, también se fijó el coste máximo de geles y soluciones hidroalcohólicas autorizados temporalmente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Los topes fijados en la resolución publicada en el BOE establecen que su precio máximo será de 0,021 euros el mililitro cuando el producto contenga hasta 150 mililitros. Si su capacidad es de entre 150 y 200 mililitros el precio bajará hasta los 0,018 euros el mililitro. Si se sitúa en cambio entre los 300 y los 1.000 mililitros caerá hasta los 0,015 euros el mililitro. Se trata de importes máximos que “quedan sujetos a futuras revisiones por esta Comisión, atendiendo a la evolución de los precios de mercado”.

La Comisión Interministerial acordó retrasar a una próxima reunión la fijación del coste máximo de otros productos como las mascarillas higiénicas “a fin de obtener mayor información sobre los costes de fabricación en el sector textil nacional”, y de los antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS. La razón del retraso es también “obtener mayor información sobre sus costes de fabricación”, según dicta la resolución.

La fijación de estos precios máximos responde a una pretensión formulada por el Ministerio de Consumo. Sin embargo, su articulación corresponde al Ministerio de Sanidad, que ostenta el mando único desde la declaración del estado de alarma. Curiosamente, la propuesta elevada a la Comisión parte de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que dirige Patricia Lacruz. Este órgano ha protagonizado la compra de test y mascarillas defectuosas que han podido contagiar a centenares de profesionales, según han denunciado las principales organizaciones sanitarias. La adquisición de estos productos defectuosos a precios desorbitados ha desatado todo tipo de críticas estos días, así como la elección de los intermediarios elegidos para efectuar las compras.