Salvador Illa y sus altos cargos forman parte ya de la historia negra del Ministerio de Sanidad. Dos meses y medio después del estallido de la pandemia existen razones más que evidentes para que dimitan y dejen paso a gente más capaz.

¿Por qué deberían hacerlo? Por engañar a la población y minusvalorar el riesgo al principio de la crisis; por permitir que el 8-M se celebraran manifestaciones feministas y otros eventos que multiplicaron los contagios; por borrar documentos que acreditan que Sanidad conocía el peligro de lo que se avecinaba o alterarlos; por manipular las cifras de fallecidos para que al final salgan la mitad de los que han sido realmente; por comprar tarde y a veces con sobreprecios vergonzosos materiales que en algunos casos eran incluso inservibles para las UCIS y los profesionales; por no garantizar la protección de estos con el resultado de que España sea el país con mayor número de sanitarios infectados del mundo; por despreciar al Parlamento vetando la comparecencia de altos cargos claves; por no haber tenido la decencia de pisar un hospital; por negar avances a regiones como Madrid con criterios políticos y justificaciones elaboradas después de adoptar la decisión; por no presentar informe firmado por científico alguno; por destrozar la economía con reacciones tardías y desproporcionadas y por avalar la exportación de materiales a Cuba y otros países cuando aquí faltaban. En definitiva, por hacerlo todo mal.