Irene Montero crea un consejo de participación de personas LGTBI

El Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero ha decidido crear el llamado Consejo de Participación de las Personas LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) y regular su funcionamiento “para articular un espacio de participación y encuentro entre las distintas administraciones públicas, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil”, con el objetivo de “dotar de mayor transparencia y eficacia a las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de trato, no discriminación e inclusión social de las personas LGTBI y a aquellas otras políticas que por su especial impacto sobre esta población deben ser conocidas e informadas por las organizaciones que representan a estas personas”.

Así lo apunta este departamento en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Consejo, dependiente del Ministerio de Igualdad, tendrá, entre otras funciones, “analizar y poner en común propuestas relacionadas con las políticas LGTBI y la promoción de una la igualdad de trato, no discriminación y participación de las personas LGTBI; elaborar un estudio anual sobre la situación de las personas LGTBI, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI o exponer criterios y observaciones relativas a los proyectos, planes y programas de la Administración General del Estado, así como sobre los planes y programas de ámbito estatal relacionados con la promoción de la igualdad de trato, no discriminación y participación social de las personas LGTBI.

¿Quién lo compondrá? El presidente será nombrado por el ministro/a de Igualdad, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, entre personalidades de reconocido prestigio en el campo de la promoción de la igualdad de trato. Contará, además, con dos vicepresidencias y diez vocalías en representación de la Administración General del Estado, con rango de, al menos, subdirector general.

Las autonomías tendrán asimismo dos vocalías y las entidades locales otra. También estarán representadas las universidades, las organizaciones empresariales, sindicatos y habrá doce vocalías “en representación de las fundaciones, organizaciones, asociaciones, federaciones o confederaciones del ámbito LGTBI, designadas para un periodo de tres años por la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género a propuesta de las mismas”. Estas vocalías deberán reflejar la pluralidad del movimiento asociativo del ámbito LGTBI y la diversidad de las diferentes realidades del colectivo LGTBI.

¿Cobrarán los integrantes de este nuevo órgano? La norma publicada en el BOE no lo especifica. Solo apunta que su creación y funcionamiento no supondrán incremento de gasto público, pero “serán atendidos con las dotaciones presupuestarias ordinarias del Ministerio de Igualdad”. Especifica que “en ningún caso podrán suponer aumento neto de los gastos del personal al servicio de la Administración General del Estado”.