50.000 sanitarios de refuerzo

Con la curva de contagio del SARS-CoV-2 en pleno ascenso en España, con un incremento de casos diarios del 25%, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, admitió ayer que «llegan los momentos más duros» porque «nos vamos acercando al pico de la epidemia». Para aliviar la saturación de los hospitales y garantizar la asistencia a los enfermos, anunció la incorporación de 50.000 nuevos sanitarios al Sistema Nacional de Salud, para lo que será necesario echar mano de jubilados, estudiantes y profesionales sin plaza. Serán, según el Ministerio, 7.633 médicos residentes de cuarto y quinto, que verán prorrogado su contrato; casi 11.000 profesionales médicos y de enfermería que realizaron pruebas selectivas especializadas y se quedaron sin plaza; y 14.000 jubilados durante los dos últimos años, para cubrir necesidades asistenciales. Además, estarán disponibles para prestar tareas de apoyo 10.200 estudiantes de Enfermería y 7.000 de Medicina de último curso. Las comunidades autónomas, de las que dependen estas contrataciones, ya tienen listas con este personal. España es el único país que ha tirado de aspirantes a médicos y de profesionales retirados para aliviar el colapsos. Ni en China ni en Italia, los países más castigados por este acoronavirus, se han tomado este tipo de medidas.

Illa, además, dio a conocer un nuevo paquete de medidas. En primer lugar, el Gobierno va a transferir a las autonomías un total de 210 millones de euros para sufragar los gastos derivados de la epidemia, aparte de las entregas a cuotas y liquidez. Además, el protocolo de actuación para residencias de mayores, el colectivo más golpeado por la epidemia, publicado el 5 de marzo y realizado en colaboración con el sector, se va a convertir en una orden ministerial. El ministro aseguró que la mayoría de estos centros están cumpliendo las pautas recomendadas: las principales son cerrar las residencias de ancianos que no reúnan las condiciones exigidas, restringir las visitas y garantizar la atención médica mínima.

El Ministerio de Sanidad también va a encomendar al de Justicia «la coordinación de las instituciones», de tal forma «que funcionen los servicios mínimos», y al Ministerio de Transición Ecológica, que «garantice el suministro eléctrico, especialmente, a la industria».

Sobre el problema de escasez material y equipos de protección individual para sanitarios, Illa recordó que «cuando hace seis días se decretó el Estado de Emergencia, Sanidad dictó una orden para la supervisión y organización de la producción nacional de material sanitario». «Se ha hecho un balance para conocer cuánto se puede importar y cuánto fabricar en el país», detalló el ministro. Al respecto, Illa aseguró que «se han reforzado todos los mecanismos de compra para aprovisionarnos de equipos de protección, lo que no impide que las comunidades y otros agentes sociales puedan seguir comprando por su parte». Sobre las críticas de algunos gobiernos autonómicos, el último, el de la Comunidad de Madrid, sobre la incautación de material por parte del Gobierno, Illa lo desmintió y aclaró que «para garantizar la equidad, ha habido alguna actuación puntual». Según el responsable de la cartera de Sanidad, desde que se decretó el Estado de Emergencia se han entregado 1,5 millones de mascarillas, más 327.000 que, según afirmó, se añadieron ayer.

Junto a él compareció el vicepresidente y ministro de Agenda Social, Pablo Iglesias, quien anunció que el Gobierno destinará un fondo extraordinario de 300 millones de euros para reforzar la atención social con tres objetivos: ampliar la asistencia domiciliaria a personas mayores, fortalecer las plantillas de centros sociales y residencias de tercera edad, y asistir a las personas sin hogar. Iglesias defendió que el paquete de medidas aprobado esta semana «no es un punto y final» y dijo que es «necesario» que el Ejecutivo haga «más cosas» para «no dejar a nadie atrás». Así, en breve se anunciarán nuevas medidas. El vicepresidente se hará cargo a partir ahora de organizar la acción de los servicios sociales en toda España, lo cual le pone al mando directo de los responsables autonómicos y locales de esas áreas.