Illa no ha cerrado aún, en plena segunda ola, la megacompra de materiales que prometió

Ocho meses después de que estallara la crisis de la Covid-19 y tres meses después de que arrancara su licitación, con el estado de alarma decretado de nuevo en toda España, el Gobierno no ha completado aún la reserva estratégica de materiales y equipos de protección que iba a constituir para hacer frente a la segunda oleada de la pandemia.

A pesar de que prometió poner a disposición de los servicios de salud autonómicos una parte importante de los productos adjudicados antes de finalizar el mes de septiembre, lo cierto es que a día de hoy los responsables del Ministerio de Sanidad de completar esta megacompra de guantes de nitrilo y mascarillas, entre otros elementos esenciales, se encuentran aún empantanados en la última fase del proceso, la de la validación de las ofertas económicas realizadas por las empresas que pretenden ser adjudicatarias de algunos de los lotes en los que se estructura el concurso, según ha podido saber LA RAZÓN.

De hecho, a día de hoy la información sobre los resultados de las valoraciones técnicas y económicas de esos productos y sobre las empresas que han resultado finalmente adjudicatarias no han sido subidos a la plataforma de contratación del Estado, con lo que el procedimiento no está, ni mucho menos concluido. Como se recordará, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio que Sanidad iba a proceder a adquirir un gran volumen de material.

La idea era impedir que se repitiera la trágica situación vivida durante la primera oleada de la Covid, en marzo y abril, cuando se registró una grave carestía de todo tipo de equipos de protección imprescindibles para los profesionales sanitarios y la población, que llevó al Gobierno a acudir en su busca a los mercados internacionales de forma desesperada. En muchos casos, se pagaron con dinero público cantidades desorbitadas por productos que no cumplían los requisitos de calidad, como sucedió con miles de mascarillas «fake» o con algunas partidas de test de detección rápida del virus que tuvieron que ser devueltas. También llegó a abonarse casi 50.000 euros por dispositivos de ventilación mecánica que no eran los más idóneos para las atestadas unidades de cuidados intensivos (UCI) y cuyo valor de mercado no superaba entonces, ni lo hace ahora, los 16.000 euros por unidad.

En numerosos casos, los materiales comprados no llegaron o lo hicieron con mucho retraso. El Ministerio de Sanidad activó el 22 de julio el proceso para que esta dantesca situación no se volviera a producir. En concreto, licitó un acuerdo marco para la adquisición de ese material sanitario por importe de más de 2.431 millones de euros, IVA incluido. El objetivo era, según dijo, obtener en dos años 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFPS, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares Covid-19 (PCR) y kits de extracción. Días después, tuvo que suspender la licitación y lanzar una nueva porque el umbral de solvencia exigido a las empresas impedía que un gran número de ellas pudiera participar, especialmente las españolas, aunque el problema afectaba también a varias multinacionales, lo que provocó las iras del sector.

En agosto, finalmente, arrancó el proceso. El organismo encargado del operativo ha sido el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), envuelto en la polémica desde el estallido de la pandemia por las irregularidades detectadas en muchas de las compras de productos y equipos realizadas. Según ha podido saber este periódico, una de las razones del retraso acumulado en el proceso de constitución de la reserva estratégica es la falta de personal suficiente en este organismo, que hasta la llegada de la pandemia apenas se dedicaba a realizar pequeñas compras para la gestión de la sanidad en Ceuta y Melilla. Se trata de una circunstancia a la que se ha unido también la complejidad técnica de este proceso, con un elevadísimo volumen de material licitado.

En principio, la idea de los responsables de este organismo es concluir sus trabajos a finales de este mes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió precisamente a esta reserva en una de sus comparecencias televisivas de este fin de semana. Según dijo, España cuenta con una reserva estratégica sanitaria con cerca de 600 millones de mascarillas y unos dos millones de test de antígenos. Fuentes sanitarias vinculadas al Ministerio de Sanidad aseguran que buena parte de ese material procede de las compras que se efectuaron a toda prisa en el pico de la pandemia de la primera ola y que llegaron con retraso, cuando la incidencia de casos ya había caído por el estado de alarma.