Sanidad da el primer paso para crear una reserva de materiales cinco meses después de estallar la pandemia

Publica el acuerdo marco imprescindible para la adquisición de productos y equipos de protección por importe de 2.431 millones

Cinco meses después de estallar la pandemia de coronavirus y en medio de decenas de rebrotes en la mayor parte de la geografía española, el Gobierno ha dado ya, por fin, el primer paso para crear una reserva estratégica de material sanitario y equipos de protección individual con los que hacer frente a una segunda oleada de Covid-19. Lo ha hecho mediante la publicación de un acuerdo marco para llevar a cabo la adquisición de esos materiales. Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 29 de junio, dicho acuerdo marco era fundamental para poder hacer acopio de productos y equipos de forma reglada, en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sin él, la reserva no podía constituirse legalmente una vez concluido el estado de alarma, lo que contradice los anuncios formulados en la primera quincena del mes de junio por el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los que ya daban entonces por hecha su puesta en marcha. El primero llegó a asegurar que el Ejecutivo había empezado ya a hacer “acopio” de materiales y afirmó entonces que había “problemas con algunos items, como los guantes de nitrilo. El segundo dijo que el Estado estaba preparando “una reserva con productos esenciales para hacer frente a posibles futuras emergencias sanitarias en nuestro país”.

La publicación de este acuerdo marco, fundamental para convertir en realidad los anuncios formulados hace más de un mes por Illa y Sánchez, ha corrido a cargo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), un órgano dependiente del Ministerio de Sanidad sumido en la polémica por la adquisición durante el estado de alarma de numerosos equipos a precios desorbitados y muchas veces a empresas absolutamente desconocidas en el sector. Como ha informado este periódico, el Ingesa adquirió, además, miles de dispositivos de ventilación mecánica que no son idóneos para su uso en las Unidades de Cuidados Intensivos y el tratamiento de pacientes críticos de Covid-19, por tratarse de equipos pensados para el transporte, según los intensivistas y anestesiólogos consultados por LA RAZÓN.

El inicio de la puesta en marcha de esta reserva estratégica se produce en un momento en el que España contabiliza 267.551 casos diagnosticados de Covid-19 y registra 28.426 fallecidos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Sanidad. España es, asimismo, el país con más profesionales sanitarios contagiados de todo el mundo como consecuencia, precisamente, de la falta de equipos de protección en centros de salud y hospitales durante la primera oleada de la pandemia. Según informó este departamento, la publicación del acuerdo marco para llevar a cabo la adquisición de material sanitario permitirá conseguir en un plazo de dos años 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas, test moleculares y kits de extracción. “Dicha cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes”.

Precios máximos

El importe económico total del citado acuerdo marco supera los 2.431 millones de euros con IVA. Además, dicho acuerdo tendrá una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año. El acuerdo marco establece un procedimiento reglado pensado por la Ley de Contratos del Sector Público para optimizar los recursos públicos, a diferencia de lo que ocurrió durante los meses de marzo y abril. Según Sanidad, los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado y previa consulta a los servicios de salud de las autonomías.

“Por tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación”. Fuentes del sector confían en que con este procedimiento se evite una situación muy repetida en compras anteriores: que la adjudicación se produjese a la única empresa que concurría a la oferta lanzada por la Administración. La tramitación será de emergencia para acortar los plazos de adquisición de los materiales.