Los autotest no son un salvoconducto

No deja de ser curioso que el Gobierno que se ha resistido, y sigue resistiéndose, a permitir que los farmacéuticos puedan realizar los «test rápidos de antígenos», ahora hayan aprobado la venta de los «test de anticuerpos» en las farmacias en forma de «autotest», aunque advirtiendo el ministro Illa que «no es un pasaporte para una fiesta de navidad segura» y que un test «no es garantía de nada».

Desde hace años defiendo, con criterios científicos y profesionales, el papel fundamental e imprescindible que los farmacéuticos desempeñan para ayudar a garantizar la salud de todos. Pero en esta ocasión, la decisión de que se vendan estos «autotest de anticuerpos» en las oficinas de farmacia creo que ha sido demasiado precipitada, nada meditada y sobre todo que puede contribuir a crear una «falsa sensación de seguridad» entre los ciudadanos. Se exige una receta médica para su adquisición porque la Covid es una «enfermedad de declaración obligatoria» pero, ¿quién interpretará los resultados del test?, ¿quién garantiza la «exigible trazabilidad» de las pruebas que cada uno se realice en casa?, ¿cómo se incluirán los datos de estas pruebas en el sistema de vigilancia epidemiológica, algo fundamental para conocer el estado de la enfermedad y establecer los protocolos necesarios para su prevención?, ¿o no se hará?

Es fundamental explicar a todos los ciudadanos que este «autotest», que de momento tiene un precio de 25 euros, aunque es posible que incremente su precio en los próximos días como consecuencia de la gran expectativa que está despertando entre la población, «no sirven para detectar la enfermedad». Su fiabilidad supera el 90 % y están autorizados por la Comisión Europea, pero solo sirven para detectar si una persona tiene Anticuerpos IgM o IgG. Y si los tienen, ¿qué significa su presencia? Esto es lo que debería interpretar el médico que haya recetado el test y ser el responsable de su trazabilidad, comunicando los resultados a la red de vigilancia epidemiológica de Salud Pública. Si se hace así, respetando todos los pasos que nos exige la evidencia clínica y epidemiológica, bienvenidos sean estos test, como los que ya se anuncian en saliva y que en breve estarán a disposición de todos los ciudadanos. Pero si no se respeta la cadena de la trazabilidad creo que se trata de una clara «dejación de funciones» del Gobierno, que una vez más trata de «autorresponsabilizar» a los ciudadanos sin ofrecerles las garantías de seguridad exigibles para poder controlar la pandemia.

Le costó mucho tiempo al Gobierno regularizar y normalizar el precio de las mascarillas, así como la reducción del IVA, aunque desafortunadamente no en todas; ahora está obligado, y cada vez más, a normalizar, regularizar y legislar adecuadamente los precios y las indicaciones de todos los productos sanitarios que podemos utilizar para el control de la Covid porque de lo contrario seguiremos siendo víctimas del «triste mercado» en el que muchos se aprovechan del miedo, la ansiedad y la incertidumbre de los ciudadanos, que intentan conseguir al precio que sea su «pasaporte» o su «coartada» para poder celebrar unas navidades seguras con su familia o amigos. ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando la decisión del Gobierno que nos proteja a todos?