A la OMS se le cae la mascarilla

Ha pasado más de un año desde que se declarara el Estado de Alarma en España y empezáramos a acostumbrarnos a la vida bajo la pandemia y, aunque parezca mentira, seguimos a vueltas con el debate de las mascarillas. Lejos de normalizarse, el uso de estas prendas de protección continua siendo motivo de confusión. La última, la modificación de la normativa en España que hace ahora obligatoria su utilización en espacios públicos abiertos incluso cuando sea posible mantener la distancia de seguridad. A la espera de que se defina definitivamente si eso implica tener que llevar mascarilla en situaciones tan pintorescas como pasear solo por la playa o subir a un pico de la sierra en solitario, el desconcierto sigue siendo generalizado.

Lo cierto es que en otros países del mundo las cosas tampoco están mucho más claras. Si se echa un vistazo a la legislación internacional está claro que no existe una idea clara y única sobre la materia. Muchos países obligan a portar protecciones en diferentes escenarios. Pero la coincidencia acaba ahí, la variedad de normativas sobre dónde y cuándo llevarlas y sobre qué tipo de mascarilla es la adecuada, es enorme.

El problema es que parece no existir un claro consenso sobre qué cantidad de evidencia científica es necesaria aplicar. Los estudios no terminan de ser concluyentes o, al menos, no lo suficientemente concluyentes como para que se impongan con rotundidad a otros factores como la disponibilidad de materiales, el coste o la accesibilidad de todas las tipologías de máscara. De manera que la decisión política al respecto se vuelve realmente compleja.

Basta recordar los vaivenes que han seguido las autoridades en la materia. Hace ahora un año, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) emitía una declaración oficial en la que invitaba a la población a «no dejarse llevar por el pánico» y recomendaba no utilizar mascarillas a las personas sanas. «Las protecciones pueden dar una falsa sensación de seguridad», se dijo el 6 de marzo de 2020.

Pero el virus impuso su fatal lógica. En apenas un mes casi todos los gobiernos occidentales tenían que tragarse sus palabras iniciales y comenzaban a imponer el uso de mascarillas.

El problema entonces fue la elección del tipo de protección necesaria. En los primeros meses de confinamientos masivos se llegó a defender la puesta de mascarillas caseras. El departamento de Salud Pública del Reino Unido siguió actualizando hasta julio de 2020 sus manuales para la confección de mascarillas en casa.

Fernando Simón y las mascarillas

En España, Fernando Simón negó una y otra vez la necesidad de adquirir mascarillas FFP2 (las de mayor efectividad) a pesar de que la evidencia científica –y autoridades locales díscolas como la de Madrid– fomentaban esta alternativa. Alemania, Francia y Austria, mientras tanto, obligaban a portar FFP2 a todos los ciudadanos. Alemania lo hace nada menos que desde enero de 2020. Francia fue el país pionero en prohibir las mascarillas caseras que Reino Unido enseñaba a fabricar.

Ante tal diversidad de propuestas, parece imprescindible buscar un punto de encuentro que aporte algún tipo de norma generalizada. Y ese lugar debería ser la máxima autoridad mundial en salud pública: la OMS. El problema es que la máxima autoridad sanitaria global no parece tener intenciones de revisar sus criterios a la luz de nuevas evidencias científicas. De hecho, el pasado mes de enero aún advertía de que no iba a realizar cambios en sus recomendaciones sobre mascarillas. La responsable técnica de Covid-19 para la organización, la epidemióloga Maria Van Kerhove, declaró recientemente que «las nuevas variantes de virus no suponen un cambio sustancial en el modo de transmisión de la enfermedad». Aunque las «cepas» británica y sudafricana sean más transmisibles, en opinión de la OMS no se transmiten por vías muy diferentes a las anteriores. La sorpresa salta cuando la propia Van Kerkhove, en virtud de esta supuesta certeza, aseguró que «las macarillas de tela no sanitarias pueden seguir siendo utilizadas por la población general menor de 60 años que no tengan otros factores de riesgo sanitarios».

La OMS sigue prisionera de su celo científico. Para que un organismo como éste produzca un cambio de criterio es necesario un largo proceso de recopilación de evidencias, de discusiones y de filtros burocráticos. Los responsables de esta institución, y las autoridades sanitarias mundiales que la quieran seguir a pies juntillas, tienen las manos atadas en materia de mascarillas. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener una evidencia científica incuestionable al respecto. Para ello sería necesario realizar ensayos clínicos protocolizados, con grupos de voluntarios distintos a los que se les hiciera usar diferentes modos de protección y con grupos de control deliberadamente expuestos al virus con mascarillas «placebo» que se sabe que no son las ideales.

Obviamente este tipo de estudios es imposible. De manera que la única alternativa, a falta de la evidencia definitiva, es tomar decisiones con la «mayor evidencia disponible». Eso pueden hacerlo los gobiernos. La OMS no se muestra tan flexible.

Cada país, sus medidas

Ante esta situación de relativa falta de evidencias, las autoridades locales sienten más presión de otros factores colaterales, como el coste de las mascarillas o su disponibilidad. De ahí que, al final, cada país y en ocasiones cada región termine tomando sus propias medidas.

Aquellos que quieran hacer caso a la OMS deberán seguir la última actualización de sus recomendaciones que se remonta a diciembre y que tampoco modificaba demasiado sus veteranos criterios.

Para la población general, el organismo recomienda la mascarilla en aquellas regiones donde haya transmisión comunitaria en entornos cerrados en ciertas circunstancias: cuando la ventilación sea pobre, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos un metro o cuando se visite a un no conviviente.

En espacios al aire libre, el uso está recomendado cuando no se pueda garantizar la distancia de más de un metro entre personas. Lo más sorprendente es que la OMS relega el uso de mascarillas médicas a personas de riesgo por edad o por condiciones de salud especiales en «cualquier lugar en el que no sea posible mantener la distancia».

A todas luces, los criterios del máximo organismo internacional son más laxos que los que aplican muchos de los países y los que el sentido común de la mayoría de los ciudadanos ha terminado por imponer como costumbre.

Más sorprendente aún es que la OMS sigue dejando en manos de las autoridades la decisión sobre las mascarillas «en regiones con datos esporádicos de transmisión». Es decir, no considera este método de barrera una solución preventiva obligatoria que deba anticiparse a la transmisión comunitaria.

Con tal laxitud no es de extrañar que los criterios a nivel globales sean tan dispares. De hecho algunos expertos consideran que buena parte de la culpa de nuestra incapacidad para detener el virus ha sido la falta de vigor en la obligatoriedad de las mascarillas. La protección individual debería haberse considerado la avanzadilla general ante los primeros síntomas de transmisión y no una defensa cuando la transmisión comunitaria ya es evidente y, quizás, ya es demasiado tarde.